TPS en Honduras: expertos piden no limitarlo a gracia temporal

El gobierno de Xiomara Castro enfrenta presiones para garantizar la permanencia del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en Estados Unidos. Expertos en migración y organizaciones civiles pidieron este lunes no reducir el mecanismo a un simple periodo de gracia, sino consolidarlo como una protección estructural. "No se trata de una concesión temporal, sino de un derecho ganado", advirtió la directora de la Coalición de Organizaciones por los Derechos Humanos en Honduras, María Elena Rivera.

El llamado surge en un contexto de incertidumbre tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU., que reavivó el debate sobre políticas migratorias restrictivas. Según Rivera, el TPS debe mantenerse "independientemente del gobierno de turno en Washington". La organización advirtió que cualquier recorte afectaría directamente a más de 100.000 hondureños beneficiados, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. registradas en 2023.

La petición se suma a un informe reciente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que analizó el impacto económico del TPS. El estudio reveló que los remesas enviadas por los beneficiarios superan los 500 millones de dólares anuales. "Estamos hablando de familias que dependen de estos ingresos", subrayó el economista Carlos Mejía, autor del informe. El documento también destacó que el 78% de los fondos se destinan a sectores como educación, vivienda y salud en comunidades vulnerables.

Mientras, el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, evitó comprometerse con la demanda. En una declaración recogida por Diario Tiempo de Honduras, Reina señaló que el tema "se gestiona en mesas técnicas" con el Departamento de Estado estadounidense. Sin embargo, no detalló plazos ni garantías concretas. La cancillería no respondió a solicitudes de este medio sobre posibles estrategias de diálogo con la administración entrante en EE.UU.

El TPS, creado en 1999 para hondureños afectados por el huracán Mitch, ha sido prorrogado en once ocasiones. La última expiración vence en enero de 2027, aunque activistas insisten en que se necesitan medidas definitivas antes de esa fecha.