Honduras acusa a bancos y telefónicas de ser cómplices de extorsión

El Gobierno de Honduras dio un paso controvertido al incluir, mediante el Decreto 84-2026, a bancos, operadoras telefónicas y plataformas financieras como posibles coautores del delito de extorsión. La medida, publicada por LexLatin, busca endurecer el marco legal contra redes criminales que operan con complicidad de actores económicos formales. Según el decreto, estas entidades podrían ser sancionadas si se demuestra que facilitaron transacciones, comunicaciones o servicios vinculados a grupos delictivos.

El texto legal no especifica umbrales de responsabilidad, pero abre la puerta a que el Ministerio Público investigue a instituciones que, sin ser parte directa de los hechos, hayan contribuido por acción u omisión. Abogados consultados por el medio señalaron que la norma podría generar conflictos con leyes como la de secreto bancario, aunque el decreto establece mecanismos de colaboración entre autoridades y entidades privadas para desmantelar estructuras criminales.

Mientras tanto, el Ejecutivo hondureño no ha detallado plazos ni procedimientos concretos para aplicar estas disposiciones. Lo cierto es que la medida llega en un contexto de alta tensión por los índices de extorsión en el país, donde según informes de seguridad, las pandillas obligan a comerciantes y transportistas a pagar cuotas semanales bajo amenaza de muerte.

La decisión se suma a otras acciones del gobierno para combatir la delincuencia organizada, como el aumento de penas para casos de extorsión y el despliegue de fuerzas militares en zonas críticas. Sin embargo, críticos advierten que criminalizar a actores económicos sin garantías procesales podría generar efectos no deseados, como la paralización de servicios financieros para sectores vulnerables.

El decreto entrará en vigencia una vez publicado en el Diario Oficial La Gaceta, aunque aún falta por definir su aplicación práctica y los recursos con los que contará el Estado para implementarlo.