Honduras reclama US$10.700M por acuerdo económico con zona Próspera

El Estado hondureño enfrenta una demanda millonaria de 10.700 millones de dólares interpuesta esta semana por el multimillonario Peter Thiel, cofundador de PayPal. La acción legal surge tras la polémica disolución de la Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera, acuerdo suscrito en 2013 bajo la presidencia de Porfirio Lobo Sosa. Thiel argumenta que Honduras incumplió compromisos regulatorios y afectó inversiones valoradas en miles de millones, según documentos presentados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

La empresa Próspera Honduras S.A. inició el proceso tras la aprobación de la ley que eliminó las ZEDE en mayo de 2022, durante el gobierno de Xiomara Castro. El equipo legal de Thiel sostiene que la medida violó protecciones de estabilidad jurídica pactadas en el contrato original, suscrito con el entonces presidente Lobo Sosa y avalado por el Congreso Nacional. Documentos filtrados en medios locales revelan que Próspera operaba bajo un marco legal único que incluía exenciones fiscales y autonomía administrativa, condiciones ahora revocadas.

El Ministerio de Economía, dirigido por Sandra Ponce, aún no ha emitido respuesta formal. Fuentes cercanas al caso indican que el gobierno evalúa opciones legales para impugnar la demanda, que podría escalar a tribunales internacionales si no hay acuerdo previo. Mientras, la comunidad empresarial hondureña observa con preocupación: el fallo sentaría precedente para otros proyectos de inversión extranjera que operan bajo regímenes especiales.

El litigio coincide con la ofensiva del diputado Frank Alley para atraer capital foráneo. En entrevista con Martí Noticias, Alley insistió en que Honduras necesita «economía de mercado e inversión extranjera», sin mencionar el caso Próspera. El conflicto jurídico, sin embargo, expone las tensiones entre atracción de capital y soberanía regulatoria, especialmente tras la polémica generada por las ZEDE, criticadas por su falta de transparencia.