Los partidos no cuestionaron las nacionalizaciones durante la tramitación de la ley de nietos en las Cortes. Analizamos las contradicciones políticas con datos concretos.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
Durante los quince meses que duró la tramitación de la ley de nietos en las Cortes Generales, el PP y Vox mantuvieron un silencio absoluto sobre las nacionalizaciones derivadas de esta norma. Ni en los debates parlamentarios ni en las comisiones se registraron objeciones ni preguntas por parte de los diputados de estos partidos, a pesar de que la ley permitía la adquisición de la nacionalidad española a descendientes de españoles emigrados. Las Cortes aprobaron la ley en octubre de 2022, pero el silencio de la oposición se prolongó hasta su entrada en vigor, momento en que comenzaron a surgir las primeras críticas públicas desde estos mismos partidos.
El diputado del PSOE en el Congreso, José Javier Rodríguez, ha señalado que “el PP y Vox prefirieron callar antes que asumir un coste político”. Rodríguez recuerda que la ley de nietos, aprobada en el último tramo de la legislatura de Pedro Sánchez, permitió regularizar la situación de miles de personas, especialmente en América Latina, donde se concentraron el 80% de las solicitudes. Según datos del Ministerio de Justicia, entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 se tramitaron 128.435 expedientes, de los cuales 102.748 correspondieron a países como Argentina, México o Colombia.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las principales voces críticas tras la implementación de la ley. En declaraciones recogidas por eldiario.es, Ayuso cuestionó el proceso de regularización masiva y vinculó estas políticas con “intentos de nacionalización forzosa” por parte del Gobierno. “¿Están intentando nacionalizar socialistas?”, preguntó retóricamente en un acto público, sin aportar pruebas de irregularidades en los trámites. Su discurso, sin embargo, contrasta con el silencio inicial de su partido durante la tramitación parlamentaria.
Mientras, en Andalucía, Vox negocia su entrada en el Gobierno autonómico con el PP, un pacto que el partido de Santiago Abascal ha definido como un paso para “dejar de ser una excepción”. Fuentes cercanas a la negociación confirman que Vox exige controles más estrictos en la concesión de nacionalidades, aunque no han detallado qué medidas concretas proponen. Paralelamente, la posible presentación de jueces del Tribunal Supremo a elecciones ha reavivado el debate sobre la independencia judicial, un tema que el PP ha vinculado en el pasado a supuestas manipulaciones políticas en procesos como los derivados de la ley de amnistía.
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