
El presidente fija la llegada de Felipe VI a Ceuta a la mejora de la situación, mientras el Gobierno refuerza medidas y la Fiscalía registra más agresiones.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
Madrid, 31 de agosto – El presidente Pedro Sánchez declaró que el rey Felipe VI solo viajará a Ceuta cuando se den las condiciones que permitan una visita segura y útil. La afirmación llega en medio de la escalada migratoria que ha paralizado la ciudad norteña y ha generado tensiones con Marruecos. Sánchez subrayó que la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los propios miembros de la Casa Real antes de cualquier desplazamiento oficial.
El Gobierno, por su parte, ha reiterado que no considera a Marruecos responsable directo de la crisis en Ceuta, pese a la presión diplomática internacional. En paralelo, la administración ha extendido los controles fronterizos a pasajeros italianos, una medida que responde a la reciente solicitud de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para reforzar la vigilancia en los flujos migratorios. Estas acciones buscan contener la entrada irregular y dar tiempo a las autoridades locales para gestionar la situación.
La Fiscalía ha elevado a 21 el número de agresiones sexuales registradas desde el inicio de la crisis, una cifra que intensifica la preocupación por la seguridad pública. Ante este panorama, el Ejecutivo anunció un refuerzo del ERTE para Ceuta, que permitirá a los trabajadores acceder al derecho a paro sin necesidad de cotización previa y ofrecerá a las empresas una bonificación del 100 % del coste salarial. La medida pretende aliviar la presión sobre el mercado laboral de la ciudad y evitar un colapso económico adicional.
Mientras tanto, la organización juvenil Juventud ha insistido en que los menores que permanecen en Ceuta sean trasladados a la península sin dilación, pese a la negativa expresada por Sánchez. Los activistas argumentan que la continuidad de la estancia en la ciudad fronteriza expone a los niños a riesgos sanitarios y de seguridad, y piden una solución inmediata. La discrepancia entre el Gobierno central y la presión social mantiene el debate abierto y eleva la expectativa de nuevas decisiones en los próximos días.

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