
El Gobierno amplía la operación de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030, citando el conflicto en Oriente Medio; Sumar denuncia el acuerdo.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
Madrid ha anunciado que la central nuclear de Almaraz permanecerá en funcionamiento hasta junio de 2030, una decisión tomada en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio. La medida, comunicada por el Ejecutivo, busca garantizar la seguridad energética del país ante posibles interrupciones de suministro. La extensión se produce mientras el Gobierno evalúa la capacidad de la red eléctrica para responder a crisis internacionales.
La justificación oficial se centra en la necesidad de contar con una fuente estable de energía en un contexto de incertidumbre geopolítica. Según los responsables, la energía nuclear representa una pieza clave para evitar cortes de luz y para sostener la producción industrial. La autoridad nuclear ha señalado que la planta de Almaraz, situada en la provincia de Cáceres, cumple con los estándares de seguridad exigidos y que su prolongación no implica riesgos adicionales para la población. Además, se ha mencionado que la medida permite tiempo suficiente para avanzar en la transición hacia fuentes renovables sin comprometer la estabilidad del sistema eléctrico.
Sin embargo, la coalición de izquierdas liderada por Sumar ha rechazado rotundamente la prórroga. El partido acusa al PSOE de vulnerar el pacto de gobierno firmado tras las últimas elecciones, al priorizar la energía nuclear sobre los compromisos climáticos acordados. Los portavoces de Sumar han insistido en que la extensión de Almaraz contradice los objetivos de descarbonización y que la administración debería invertir en energías limpias en lugar de prolongar una instalación controvertida. La denuncia se ha traducido en una petición formal para que el Consejo de Seguridad Nuclear revise la decisión y garantice la transparencia del proceso.
El debate se inserta en un clima político tensionado, donde la gestión de la energía y la política migratoria compiten por la atención pública. Mientras el Gobierno refuerza la seguridad en Ceuta y Melilla y gestiona la llegada de menores migrantes, la polémica sobre Almaraz añade otra capa de controversia a su agenda. Observadores internacionales señalan que la extensión de la central nuclear podría ser un indicio de la dificultad de Europa para sustituir rápidamente la energía fósil, pero también advierten de los riesgos de depender de una tecnología que genera residuos de larga vida. La respuesta de la oposición y la evolución de la normativa nuclear serán determinantes para definir el futuro energético de España.

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