El PSOE en pie de guerra: el caso Zapatero sacude a la ejecutiva

El abogado de Begoña Gómez compareció este lunes ante el juez Manuel García-Castellón con una tesis contundente: el procedimiento abierto contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde a una estrategia para desgastar al Ejecutivo. "Esto es un procedimiento fantasma para erosionar a un Gobierno", sostuvo el letrado, según recoge eldiario.es. La defensa argumentó que no hay base legal para la investigación, que se centra en presuntos conflictos de interés en contratos públicos vinculados a la empresa de comunicación donde trabajó Gómez antes de entrar en La Moncloa.

Mientras, José Luis Rodríguez Zapatero solicitó al juez García-Castellón no declarar sobre las joyas incautadas a su familia, limitando su testimonio al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Fuentes judiciales confirmaron que el expresidente busca evitar que el caso trascienda más allá de los hechos directamente relacionados con su gestión en el gobierno. Zapatero, figura clave en el PSOE, mantiene un perfil bajo tras conocerse que su nombre aparece en documentación vinculada a presuntos pagos irregulares.

En otro frente, un correo incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acredita que Santos Cerdán, extesorero del PSOE, ordenó pagar viajes a Leire Díez, exasesora de la formación. El mensaje, reproducido por eldiario.es, incluye la frase: "Es orden directa, no sé más". Cerdán, imputado en el caso Koldo —investigación por supuestos sobornos en contratos públicos en el País Vasco—, también expresó en sus libretas incautadas su malestar con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por no actuar en ese caso. "No interviene en el caso Koldo y eso me preocupa", anotó Cerdán en documentos fechados en 2022.

La crisis interna en el PSOE alcanza a la militancia. Una encuesta interna difundida por eldiario.es revela que el 62% de los votantes socialistas cree que Pedro Sánchez debe agotar la legislatura pese al caso Zapatero. La ejecutiva del partido, sin embargo, enfrenta presiones por las auditorías internas que apuntan al núcleo duro de Isabel Díaz Ayuso en el caso de los contratos a dedo en la Formación Profesional madrileña. Los informes preliminares, a los que ha tenido acceso este medio, señalan irregularidades en adjudicaciones por valor de 12 millones de euros durante la pandemia.

El escenario se complica para el Gobierno en un momento de alta tensión política, con el PP y Vox exigiendo explicaciones y la Fiscalía General del Estado bajo escrutinio por su papel en los casos judiciales en curso.