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📷 Domenico Adornato vía unsplash
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La Abogacía frena al Supremo por la regularización de migrantes
El Gobierno defiende su política migratoria ante Bruselas mientras la oposición acusa de manipular el censo electoral
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
La Abogacía del Estado ha presentado un recurso para evitar que el Tribunal Supremo eleve a la Justicia europea la polémica regularización de migrantes en situación irregular. En un escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, los letrados sostienen que se trata de una competencia exclusiva del Estado español y que cualquier intervención de instancias comunitarias supondría una intromisión en la soberanía nacional. La medida llega después de que el alto tribunal pidiera informe sobre la viabilidad jurídica de derivar el caso a Luxemburgo, donde podrían cuestionarse los plazos y requisitos aplicados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para conceder permisos de trabajo y residencia a cerca de 150.000 personas desde 2022.
La tensión institucional se produce en un momento en el que el Gobierno insiste en que su política migratoria no cederá ante las presiones de Bruselas. Fuentes del Palacio de la Moncloa señalaron que "Europa no puede imponer criterios que cercenen el derecho a la protección internacional", al tiempo que recordaron que la regularización se enmarca en un acuerdo bilateral con Marruecos para frenar la llegada de pateras. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmó que ya han sido formalizados 47.000 expedientes, principalmente en Madrid, Barcelona y Málaga, donde los sectores de la hostelería, la agricultura y el cuidado de personas dependientes concentran el 62% de las solicitudes.
La oposición, en cambio, acusa al Gobierno de usar la regularización con fines electorales. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, denunció que la llamada "ley de nietos" —que permite acceder a la nacionalidad a descendientes de españoles— es una "ingeniería social" para alterar el censo. "No hay objetivos inocentes cuando se manipulan los datos demográficos", declaró en un acto en Ferraz, donde recordó que más de 500.000 personas podrían beneficiarse de esta vía. El PSOE rechazó las críticas y tachó de "opportunista" la estrategia popular, subrayando que la regularización cumple con el Pacto Mundial sobre Migración de la ONU.
Entre los beneficiarios de los permisos destaca un grupo de 3.200 menores no acompañados, cuya situación administrativa se regularizó en centros de Cataluña y Andalucía durante el primer trimestre de 2024. Sin embargo, las denuncias por irregularidades en algunos procesos han salpicado incluso al seno de la coalición gubernamental. Un militante de Movimiento Sumar presentó una reclamación ante la Inspección de Trabajo contra Lara Hernández, secretaria de Estado de Migraciones, por presunto acoso laboral durante la tramitación de expedientes en la Delegación del Gobierno en Valencia. La funcionaria, que niega las acusaciones, se negó a hacer declaraciones a este medio.
Mientras el debate jurídico se alarga, las calles de ciudades como Ceuta y Melilla siguen siendo focos de tensión por el aumento de llegadas irregulares. Bruselas ha advertido en dos ocasiones al Ejecutivo español sobre el incumplimiento de los plazos para aplicar el Código de Fronteras Schengen, pero Sánchez mantiene su postura: "No vamos a ceder ante quienes quieren convertir Europa en un infierno para los migrantes".
