Sergio Ramírez: "Sin redes, Nicaragua en silencio absoluto"

El escritor Sergio Ramírez advirtió desde el exilio que la falta de redes sociales en Nicaragua dejaría al país "en un pozo de silencio absoluto". En una entrevista con Infobae, el autor de 'Sombras nada más' analizó el impacto de la censura institucional sobre la libertad de expresión en el país centroamericano. Ramírez, quien reside fuera de Nicaragua, subrayó que las plataformas digitales son el único espacio donde aún circula información crítica con el gobierno de Daniel Ortega, aunque advirtió que esa ventana podría cerrarse en cualquier momento.

El exvicepresidente de Nicaragua, que en 2017 recibió el Premio Cervantes, no solo cuestionó la política de comunicación oficial, sino que reclamó el regreso a "una Nicaragua libre". Su declaración, publicada por El Nacional, coincide con un momento de tensión política en el que el acceso a internet y las redes sociales ha sido restringido en múltiples ocasiones. Ramírez, figura clave de la Revolución Sandinista en los años 80, ha sido un crítico abierto del gobierno actual, lo que le valió la persecución y el exilio.

Mientras, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, envió un mensaje de condolencias al presidente del Consejo Nacional Saharaui por el fallecimiento de un familiar. La comunicación, difundida por la agencia saharaui SPS, refleja la actividad diplomática del país en foros internacionales, aunque contrasta con las críticas internas sobre libertades civiles. El gesto de Porras se enmarca en las relaciones de Nicaragua con movimientos de liberación, una política exterior que mantiene vínculos con actores como el Frente Polisario.

En otro ámbito, el gobierno nicaragüense actualizó los requisitos para permisos laborales de extranjeros. Según Prensa Latina, la medida busca regular la contratación de personal no residente, aunque activistas advierten que podría usarse para restringir la entrada de profesionales críticos con el régimen. La normativa exige documentación específica, incluyendo certificados de antecedentes penales y contratos avalados por instituciones locales, lo que añade obstáculos burocráticos a quienes buscan trabajar en el país.