
La primera dama asume la Corte Suprema tras destituir a su presidenta, reforzando la autoridad del régimen Ortega.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
Managua, 29 de agosto de 2026 – Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, ha completado el control absoluto del poder judicial tras la destitución de la presidenta de la Corte Suprema, una figura conocida por su lealtad al presidente Daniel Ortega. La decisión se anunció en la tarde del viernes y quedó firmada en el Registro Nacional, sellando una reconfiguración que deja sin contrapesos a la rama judicial.
La removida, que había encabezado la Corte durante casi tres años sin ejercer funciones efectivas, presentó su renuncia formal el mismo día, citando la imposibilidad de operar bajo las nuevas condiciones. Su salida se produce en medio de la renuncia de Alba Luz Ramos, magistrada que había abandonado la Corte tras un periodo de inactividad prolongada. Ambos casos ilustran la paralización del máximo tribunal y la imposición de una agenda alineada con el oficialismo.
El proceso se enmarca en una serie de movimientos institucionales que incluyen la finalización de las consultas a una propuesta de reforma constitucional. Dicha reforma, aprobada por la Asamblea Nacional, busca modificar la estructura del Estado y consolidar la visión del gobierno de Ortega y Murillo. Observadores internacionales señalan que la acumulación de cargos en manos del círculo cercano al presidente reduce la independencia de los organismos y dificulta cualquier intento de control democrático.
Grupos de derechos humanos y partidos de oposición denuncian una escalada autoritaria y advierten sobre la vulneración de garantías constitucionales. En la capital, manifestantes se reunieron frente al Palacio de Justicia para exigir la restitución de la autonomía judicial, aunque la policía dispersó la concentración sin incidentes mayores. La comunidad internacional sigue observando de cerca la evolución del sistema judicial nicaragüense, mientras el gobierno afirma que los cambios garantizan la estabilidad y la unidad del país.

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