
El régimen Ortega-Murillo acusa a centenares de letrados de 'traición' para expulsarlos del registro judicial.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
El gobierno de Daniel Ortega inhabilitó este sábado a cientos de abogados en Nicaragua, según denunció *El País*. La medida, descrita como una 'purga silenciosa' por fuentes independientes, implica la expulsión masiva de profesionales del Registro Judicial sin explicaciones públicas detalladas. La acción afecta a letrados que, en muchos casos, habían representado a opositores políticos o víctimas de violaciones de derechos humanos durante la crisis sociopolítica iniciada en 2018.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se sumó a las críticas, denunciando la expulsión masiva de abogados del sistema judicial nicaragüense. En un comunicado, el experto de la ONU advirtió que la medida 'debilita aún más el Estado de derecho' en el país. 'Estamos ante una ofensiva contra los pocos espacios de defensa legal que quedaban', declaró el funcionario, quien pidió transparencia sobre los criterios utilizados para las inhabilitaciones.
El régimen de Ortega y Rosario Murillo justificó las expulsiones como parte de una supuesta 'limpieza' de profesionales vinculados a 'grupos conspirativos'. Sin embargo, organizaciones locales como la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) señalaron que la medida responde a una estrategia más amplia para silenciar disidencias. 'No es casualidad que muchos de los afectados hayan trabajado en casos vinculados a la represión estatal', explicó un representante de la ANPDH.
Mientras, la cotización del dólar en Nicaragua registró este sábado un aumento de 0.50 córdobas, situándose en 36.20 córdobas por unidad, según datos de *Clarín*. Aunque el alza se atribuye a factores estacionales, analistas locales vinculan la inestabilidad institucional con la percepción de riesgo en el mercado cambiario.
El domingo, *La Prensa* destacó que estas acciones forman parte de una semana de represión institucional, que incluyó detenciones arbitrarias y allanamientos a oficinas de organizaciones civiles. 'El objetivo es claro: eliminar cualquier vestigio de autonomía en los poderes del Estado', concluyó el medio.

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