
El régimen de Daniel Ortega pospone cambios constitucionales que eliminarían elecciones, mientras la ONU demanda información sobre el obispo Rolando Álvarez.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
El gobierno de Daniel Ortega ha postergado la discusión de una reforma constitucional que, según denuncias internacionales, busca eliminar las elecciones en Nicaragua y excluir a la oposición. La decisión llega en medio de creciente presión de organismos multilaterales y expresidentes hispanos que acusan al régimen de venganza política y veto electoral.
La reforma, que debía ser debatida esta semana, fue aplazada sin nueva fecha. Críticos señalan que el objetivo es consolidar un sistema sin comicios competitivos, perpetuando a Ortega en el poder desde 2007. Expresidentes de varios países han calificado la maniobra como un golpe a la democracia en la región, mientras que la Organización de las Naciones Unidas ha exigido al régimen informar sobre la desaparición del obispo Rolando Álvarez, detenido en 2022 y cuyo paradero es incierto.
En paralelo, la comunidad internacional ha reiterado su condena. Medios como Fox News y Deutsche Welle han reportado que Ortega busca eliminar las elecciones, mientras que La Prensa insta a Centroamérica a condenar la dictadura. La ONU, por su parte, ha solicitado acceso a información sobre el obispo, un caso que ha generado alarma en la Iglesia católica y organizaciones de derechos humanos.
El aplazamiento no frena las críticas. Observadores advierten que el régimen avanza hacia un modelo autoritario sin contrapesos. Mientras tanto, la oposición y la sociedad civil nicaragüense permanecen en vilo, a la espera de si la reforma reaparecerá en la agenda legislativa o si el silencio oficial es parte de una estrategia mayor.
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