
El Congreso y el Parlamento impulsan la eliminación de las urnas mientras la comunidad internacional alerta sobre la deriva democrática del país.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
Nicaragua dio un paso decisivo el miércoles cuando el Congreso aprobó, con el aval del presidente Daniel Ortega, un proyecto que apunta a suprimir la convocatoria de elecciones generales. La iniciativa, ya avalada por el Parlamento, plantea la disolución de la autoridad electoral y la redefinición del proceso de selección de autoridades mediante mecanismos que, según críticos, eliminarían la participación ciudadana. La medida se anunció en la sede legislativa de Managua y fue firmada por funcionarios de alto rango, marcando un hito en la concentración del poder ejecutivo.
La oposición calificó la decisión como un retroceso irreversible, comparando al país con la Corea del Norte de América Latina. Portavoces de partidos opositores denunciaron la intención de Ortega de cancelar las urnas como una violación de los derechos políticos básicos y una maniobra para perpetuar su mandato. En declaraciones públicas, líderes opositores advirtieron que la medida podría desencadenar una mayor represión y aislar a Nicaragua de la comunidad internacional, mientras los ciudadanos expresan temor ante la desaparición del voto como herramienta de control.
Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. Brasil expresó su preocupación por los recientes comentarios de Ortega que insinuaban la eliminación de las elecciones, subrayando la necesidad de respetar los principios democráticos. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su portavoz, recordó que todo ciudadano debe poder ejercer su derecho al voto, instando al gobierno nicaragüense a garantizar la participación electoral. En Washington, funcionarios señalaron que, tras la situación en Cuba, la atención de EE. UU. se centra en impedir la consolidación de un régimen autoritario en Nicaragua, sin descartar medidas de presión diplomática.
El futuro de la vida política nicaragüense pende de un hilo. Analistas advierten que la supresión de elecciones podría desencadenar una crisis institucional, con repercusiones en la estabilidad regional. Mientras tanto, la sociedad civil intenta organizar protestas y buscar apoyo externo, aunque el espacio para la disidencia se ha reducido considerablemente. La comunidad internacional observa atentamente, y cualquier movimiento adicional del gobierno de Ortega será evaluado bajo la lupa de los derechos humanos y la gobernanza democrática.

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