
Gobierno de Ortega retira permisos a casi el doble de juristas en una sola jornada. El cardenal Brenes revela detalles de su audiencia con el Papa.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
El régimen de Daniel Ortega ejecutó ayer una purga masiva en el gremio jurídico nicaragüense al declarar la «muerte jurídica» de las licencias profesionales de 2.000 abogados. La medida, comunicada a través de un decreto publicado por el Consejo Superior de la Judicatura, deja sin validez inmediata los permisos de ejercicio legal de estos profesionales, según denunció el diario *La Prensa*. Entre los afectados se encuentran figuras conocidas por su defensa de derechos humanos y críticos del gobierno, aunque la resolución no especifica criterios de selección ni plazos para eventuales apelaciones. La decisión se suma a la estrategia de control absoluto sobre las instituciones del Estado que el Ejecutivo ha intensificado en los últimos años, incluyendo la persecución sistemática a opositores, periodistas y ahora a operadores del sistema legal.
Mientras, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, compartió este jueves detalles inéditos sobre su reciente audiencia privada con el Papa León XIV en el Vaticano. Durante su encuentro, el purpurado explicó a ACI Prensa que el pontífice mostró «profunda preocupación» por la situación de Nicaragua, especialmente por la represión contra la Iglesia católica y la sociedad civil. Brenes detalló que el Papa le pidió «fortaleza espiritual» para los nicaragüenses y le advirtió sobre los riesgos de la «persecución sistemática» que sufren los fieles. El cardenal, quien permanece bajo vigilancia estatal tras su regreso, evitó profundizar en temas políticos, pero subrayó que la audiencia duró más de una hora y se centró en «la defensa de la vida y la dignidad humana».
En otro orden, el gobierno sandinista entregó viviendas a familias en distintos municipios del país como parte de los actos por el aniversario de la Revolución, según informó Prensa Latina. Las casas, construidas con fondos estatales, fueron distribuidas en actos simbólicos en Managua, León y Masaya, donde autoridades locales destacaron el «compromiso revolucionario» del presidente Ortega con los sectores populares. Sin embargo, el anuncio contrastó con el informe de *Confidencial Nicaragua*, que reveló que, pese a pagar más de 150 millones de dólares en amortizaciones de deuda externa durante el primer semestre, el país recibió solo 12 millones en nuevos desembolsos de organismos internacionales. La cifra representa menos del 8% del total abonado, lo que refleja la escasa confianza de los acreedores en la economía nicaragüense bajo el actual modelo.
La tensión internacional con Colombia se acrecentó después de que el canciller designado por Gustavo Petro, Luis Gilberto Murillo, anunciara que Bogotá no abrirá embajadas en La Habana ni en Managua durante su mandato. Murillo justificó la decisión alegando «la falta de garantías democráticas» en ambos países, en una declaración que *Martí Noticias* calificó como un «golpe simbólico» a los gobiernos de Ortega y Díaz-Canel. Mientras, en el ámbito judicial, una joven de 22 años fue procesada por parricidio tras lanzar a su pareja a un cauce en el departamento de Carazo, un caso que *Infobae* recoge como ejemplo de la violencia de género que persiste en el país, pese al discurso oficial sobre igualdad de género.
La combinación de purgas institucionales, crisis económica y aislamiento diplomático dibuja un escenario de creciente asfixia para el régimen de Ortega, que mantiene un control férreo sobre todos los poderes del Estado.

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