
Autoridades confirman deportaciones después de la redada en El Corralón; EE.UU. descarta extender el TPS mientras Honduras pide tiempo para 55,000 migrantes.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
Una redada policial en el sector de El Corralón provocó la confirmación de deportaciones a Honduras. Las autoridades informaron que, tras el operativo, varios migrantes fueron enviados de regreso al país centroamericano. La medida se produce en un contexto de creciente presión migratoria y de seguridad en la región. Los afectados provienen de distintos puntos de origen, pero la mayoría se encontraba en situación irregular en territorio estadounidense.
Mientras tanto, el presidente de Honduras solicitó al gobierno de Estados Unidos un periodo de gracia para la devolución de aproximadamente 55,000 hondureños que podrían perder su estatus de Protección Temporal (TPS). La petición subraya la urgencia de contar con tiempo suficiente para organizar el retorno ordenado y evitar una crisis humanitaria. El mandatario argumentó que la interrupción abrupta del programa dejaría a miles de familias sin opciones legales ni recursos para regresar.
En Washington, la respuesta oficial descartó cualquier ampliación del TPS para los connacionales hondureños. Funcionarios estadounidenses declararon que el programa concluirá según lo previsto y que no se contemplan extensiones adicionales. La postura del gobierno de EE.UU. se alinea con una política migratoria más restrictiva, lo que complica la situación de los solicitantes que aún dependen de la protección temporal para permanecer en el país.
Al mismo tiempo, expertos de la ONU y organizaciones como Servindi lanzaron un llamado a Honduras para detener los desalojos de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Los informes señalan que las expulsiones se llevan a cabo sin garantías de vivienda ni compensación, vulnerando derechos fundamentales. Las voces internacionales exigen que el Estado hondureño respete los derechos de estas comunidades y suspenda cualquier medida de desalojo mientras se revisan las políticas de desarrollo y tierra.

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