El Tribunal Supremo fija 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas. Aldama, exconsejero de Sanidad de Madrid, evita la cárcel pero pierde 3,7 millones.
El Tribunal Supremo ha condenado este martes a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con Pedro Sánchez, a 24 años de prisión por el caso de las mascarillas. La sentencia, de la que se ha publicado el documento íntegro, le considera culpable de delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Mientras, Íñigo Aldama, exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la gestión de Isabel Díaz Ayuso, ha sido absuelto de entrar en prisión aunque pierde la comisión de 3,7 millones que recibió por la compra de mascarillas.
La resolución judicial detalla que Ábalos recibirá una pena de seis años por cada uno de los cuatro delitos que se le imputan, que suman 24 años en total. Según la sentencia consultada por eldiario.es, el exministro no podrá pisar la calle en los próximos cinco años, y su salida en libertad condicional no llegará hasta que cumpla 79, si la condena no es recurrida. El fallo considera probados pagos mensuales de 10.000 euros en sobresueldos, comisiones ilegales y el encargo de enchufes políticos a cambio de favores en la contratación de material sanitario durante la pandemia.
Por su parte, Aldama no tendrá que devolver la comisión de 3,7 millones de euros que percibió por intermediar en la compra de mascarillas. La sentencia le absuelve de responsabilidad penal, aunque le obliga a asumir la pérdida económica de esa cantidad. El documento subraya que no se considera probada su participación en los delitos de cohecho o tráfico de influencias que sí afectan a Ábalos, vinculado directamente a la trama de adjudicaciones irregulares en la compra de material sanitario.
La sentencia del caso mascarillas reabre el debate sobre la gestión de la pandemia en España y las responsabilidades políticas en la contratación de suministros esenciales. El fallo del Supremo llega tras años de investigación judicial que ha involucrado a altos cargos de diferentes administraciones, revelando una red de pagos opacos y favores cruzados que salpicó a figuras clave del PSOE y el PP.
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