Moreno investido con Vox: Andalucía gobierna con ultraderecha

Juanma Moreno tomó posesión ayer como presidente de la Junta de Andalucía tras sellar un pacto con Vox que incluye la vicepresidencia para el partido de extrema derecha. El acuerdo, firmado sin ocultamientos, convierte a Andalucía en la primera comunidad autónoma con representación ultraderechista en el gobierno desde la dictadura franquista, según advirtió la ministra de Igualdad, Irene Montero. Bruselas, por su parte, vigilará que la llamada “prioridad nacional” no derive en discriminaciones, tal como se recoge en el documento suscrito por PP y Vox.

El pacto, hecho público este martes, institucionaliza las tesis de Vox en políticas clave. El texto incorpora un “rechazo frontal” a los niños migrantes y elimina cualquier mención a la violencia machista en los programas de gobierno. Fuentes del Ejecutivo autonómico confirmaron que la vicepresidencia será ocupada por Macarena Olona, diputada de Vox, quien también asumirá competencias en Presidencia, Administración Pública e Interior. Moreno, presidente del PP andaluz, cedió además áreas como Turismo y Medio Ambiente a cargos vinculados al partido de Santiago Abascal.

Las reacciones no se hicieron esperar. Montero denunció que “por primera vez entra la ultraderecha tras la dictadura en un Gobierno en Andalucía”, mientras que el pacto fue calificado como “sin cortinas ni caretas” por los analistas políticos. El documento, accesible en la web de eldiario.es, detalla que la “prioridad nacional” —término que Vox usa para restringir derechos sociales— será eje transversal en todas las políticas públicas. Bruselas, a través de un portavoz comunitario, aclaró que vigilará “cualquier medida que pueda vulnerar derechos fundamentales”.

El acuerdo llega tras semanas de negociaciones secretas entre ambas formaciones. El PP andaluz justificó la alianza como necesaria para “dar estabilidad” a la región, mientras que Vox la presentó como un “triunfo de la España viva”. El pacto incluye también la derogación de leyes autonómicas contra la violencia de género y la restricción de ayudas a ONGs que trabajen con migrantes. Organizaciones como Amnistía Internacional ya han anunciado que analizarán su contenido para presentar posibles recursos legales.