Dos comunidades autónomas movilizan medios aéreos y terrestres para controlar cuatro frentes. Protestas en Mallorca contra la ley de vivienda del PP.
Por Javier Prado · Sucesos, salud y vida social · Redacción Chatcámara
El fuego avanza sin freno en Castellón. El incendio declarado en la localidad de Azuébar ha entrado en el parque natural de la Sierra de Espadán, donde arrasa más de 250 hectáreas. Las autoridades han evacuado ya a 500 personas, según confirmaron fuentes del Consell. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado en la zona para apoyar a los efectivos autonómicos, mientras el viento dificulta las labores de extinción.
En Aragón, el fuego en Loporzano también mantiene en alerta a los servicios de emergencia. El incendio, que afecta a la Sierra de Guara, ya ha calcinado 250 hectáreas y ha obligado a desalojar a los vecinos de San Julián de Banzo. Sin embargo, el operativo logró perimetrar el frente durante la noche, lo que permite mostrar mayor optimismo en la evolución del siniestro.
Mientras, en Navarra, un nuevo foco declarado al sur de Pamplona, entre Beriain e Imarcoain, complica la situación. Las llamas se propagan por zonas de arbolado y campos de cereal, obligando a cortar carreteras secundarias. Los efectivos locales trabajan para evitar que el incendio se extienda hacia áreas urbanizadas.
Fuera de los incendios, en las Islas Baleares, miles de personas se concentraron ayer en una cadena humana para protestar contra la nueva ley de vivienda del Govern balear, impulsada por el PP. Los manifestantes, convocados por colectivos ecologistas y vecinales, rodearon el parque natural de la Serra de Tramuntana en Mallorca para exigir su protección frente a los proyectos urbanísticos. La movilización refleja la tensión social generada por la normativa, que algunos sectores critican por priorizar la especulación sobre la conservación.
La vivienda, por su parte, sigue siendo el gran debate político. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció ayer en una entrevista que no existe una solución única para la crisis residencial. "La vivienda es la gran prioridad, pero no hay una bala de plata", admitió, subrayando la complejidad de un problema que afecta a todas las comunidades autónomas.
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