La presidenta madrileña vincula las regularizaciones migratorias con un supuesto intento de manipular el voto. Tres magistrados del Supremo abren una vía legal sin afectar la mayoría de las regularizaciones.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
Isabel Díaz Ayuso ha intensificado sus críticas contra el Gobierno al vincular las regularizaciones de inmigrantes y el voto exterior con un supuesto "pucherazo" para beneficiar al PSOE. "¿Están intentando nacionalizar socialistas?", preguntó la presidenta de la Comunidad de Madrid en declaraciones recogidas por *eldiario.es*, donde cuestiona si estas medidas buscan influir en futuros comicios.
Mientras, el Tribunal Supremo da un paso adelante con tres jueces conservadores que analizan la legalidad de la regularización masiva sin amenazar su aplicación mayoritaria. Según *eldiario.es*, la providencia judicial abre una vía europea que, de momento, no pone en riesgo el grueso de las autorizaciones concedidas.
El PP se mueve en aguas revueltas tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, quien calificó de "fabricar votantes" la concesión de la nacionalidad a descendientes de exiliados. Horas después, el partido matizó que "siempre" había defendido esta medida, según publicó el mismo medio. La contradicción refleja tensiones internas en el partido ante un tema con alto impacto electoral.
En otro frente judicial, el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha ordenado a la Policía la detención de Vito Quiles, conocido agitador ultra, tras relacionarlo con denuncias contra Pedro Sánchez. Paralelamente, el magistrado Peinado evalúa si autoriza viajes internacionales de Begoña Gómez —esposa del presidente— a Turquía y Londres desde el 7 de julio. *eldiario.es* recoge también la petición del PP al juez Pedraz para imputar a la directora general de la Guardia Civil y al DAO en el caso Leire Díez.
La crispación política y judicial marca el debate sobre migración y seguridad en plena precampaña electoral.
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PSOE y Sumar acuerdan extender los alquileres hasta julio de 2028 e incluyen una reforma del suelo rechazada por Podemos.