El proceso judicial contra miles de supuestos pandilleros avanza en El Salvador, mientras organismos denuncian falta de garantías y un sistema sin debido proceso.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
El juicio masivo contra pandilleros en El Salvador avanza con celeridad. Más de 900 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 enfrentan un proceso judicial sin precedentes en el país. Las audiencias se celebran en un tribunal de San Salvador, donde los acusados comparecen por videoconferencia desde distintas prisiones.
El gobierno de Nayib Bukele impulsó este macrojuicio como parte de su guerra contra las pandillas, que ha reducido drásticamente los homicidios. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han señalado graves irregularidades. El sistema judicial, sostienen, opera sin las garantías básicas. Los procesados no cuentan con defensa adecuada, las pruebas son endebles y los plazos se acortan al mínimo.
La Fiscalía General de la República presentó cargos por homicidio, extorsión y tenencia ilegal de armas. Las penas solicitadas van de 20 años a prisión perpetua. Los abogados defensores denuncian que muchos acusados fueron detenidos sin orden judicial ni flagrancia. La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó una prórroga del régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial hasta 2027.
El tribunal ha programado 15 audiencias por semana. Cada una dura entre cuatro y seis horas. Los jueces dictan sentencias en promedio cada tres días. La rapidez del proceso ha sido aplaudida por sectores que reclaman mano dura, pero criticada por juristas internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos monitorea el caso y ha pedido respeto al debido proceso. El fallo final podría sentar un precedente para los más de 70.000 detenidos bajo el régimen de excepción.
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Tras la ofensiva contra las pandillas, el país lidia con retos económicos y políticos de cara a las próximas elecciones.

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