
El gobierno de Nayib Bukele inicia juicios masivos contra miembros de MS‑13 y Barrio 18, mientras críticos acusan uso político del proceso.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
En la capital, el Palacio de Justicia recibió a más de 2 000 acusados de pertenecer a las bandas criminales MS‑13 y Barrio 18. Las audiencias, transmitidas en vivo, pretenden demostrar la capacidad del Estado para castigar a los responsables de homicidios, extorsiones y secuestros que asolan al país desde hace años. La población, cansada de la violencia, aplaudió la rapidez del proceso, aunque observadores internacionales señalaron irregularidades que podrían vulnerar garantías constitucionales.
Los jueces asignados al caso, entre los que destaca la magistrada Ana María García, han declarado que los cargos incluyen 150 asesinatos y 300 casos de extorsión. Defensores de derechos humanos, como la abogada Carla Méndez, denuncian la falta de acceso a pruebas forenses y la imposibilidad de presentar testigos bajo protección. Según fuentes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía ha reunido testimonios de 400 víctimas, pero la defensa alega que muchos de esos relatos no fueron verificados adecuadamente. Mientras tanto, familiares de los fallecidos expresan alivio por la visibilidad del proceso, aunque temen que la presión mediática empañe la imparcialidad judicial.
El impulso de estos juicios coincide con la campaña de reelección de Nayib Bukele, quien ha anunciado su intención de postularse para un tercer mandato en 2027, pese a la prohibición constitucional que impide la reelección consecutiva. Analistas políticos interpretan la estrategia como un intento de consolidar apoyo popular antes de las próximas elecciones, utilizando la seguridad como principal argumento. La comunidad internacional, representada por la Organización de los Estados Americanos, ha pedido a San Salvador que garantice el respeto a los derechos procesales y evite que la justicia se convierta en herramienta de propaganda.
El futuro de los megajuicios dependerá de la capacidad del sistema judicial para equilibrar la presión social con el imperativo de un debido proceso. Si las sentencias se mantienen firmes y transparentes, podrían sentar un precedente para la lucha contra la criminalidad organizada. En caso contrario, la percepción de un juicio espectáculo podría erosionar la confianza en las instituciones y alimentar la narrativa de que la seguridad se compra con la política. La sociedad salvadoreña observa atentamente cada veredicto, consciente de que el resultado marcará el rumbo de la lucha contra las pandillas y la credibilidad del gobierno.

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