El Salvador: tercer régimen de excepción consecutivo

El Consejo de Ministros de El Salvador aprobó este lunes la extensión del régimen de excepción por trigésima ocasión consecutiva, sumando ya 52 prórrogas desde su implementación inicial en marzo de 2022. La medida, que ahora se prolongará por 30 días adicionales, mantiene suspendidos derechos constitucionales como la libertad de asociación y el plazo para judicializar detenidos, según confirmaron fuentes del Ejecutivo. Infobae destaca que esta decisión marca la prórroga número 52 de un mecanismo diseñado originalmente para combatir a las pandillas, pero que ahora se ha convertido en una política de Estado con más de dos años de vigencia ininterrumpida.

El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 tras el asesinato masivo de 87 personas en un fin de semana, atribuido a grupos criminales. Desde entonces, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha justificado su continuidad bajo el argumento de garantizar la seguridad pública, aunque organizaciones de derechos humanos como Cristosal han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y condiciones carcelarias inhumanas en las megacárceles construidas bajo este modelo. La extensión actual se produce en un contexto donde el Tribunal Supremo de El Salvador avaló en mayo de 2024 la constitucionalidad de estas medidas, pese a las críticas internacionales.

Mientras el gobierno celebra una reducción del 70% en homicidios desde 2015, según datos oficiales, la ONU y la CIDH han alertado sobre graves violaciones a derechos fundamentales. La Silla Rota señala que el modelo salvadoreño de megacárceles y reducción drástica de libertades se ha convertido en un referente para sectores de la derecha radical en América Latina, replicándose en países como Ecuador y Honduras, donde gobiernos conservadores han adoptado políticas similares bajo la misma premisa de "mano dura".

La última prórroga llega en un momento de tensión regional: Colombia, Chile, Argentina y El Salvador son los únicos países latinoamericanos que mantienen estados de excepción permanentes, según un análisis de Yahoo, mientras México opta por estrategias distintas, priorizando políticas sociales y de inteligencia criminal. La continuidad de estas medidas en El Salvador refuerza el debate sobre si la seguridad pública puede construirse sacrificando garantías democráticas a largo plazo.