La vicepresidenta presenta ante el Congreso un segundo bloque de iniciativas para endurecer controles contra la violencia en Costa Rica.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
La vicepresidenta de Costa Rica, Laura Fernández, entregó este lunes a la Asamblea Legislativa un segundo conjunto de proyectos de ley enfocados en seguridad ciudadana, según confirmó Infobae. Estos textos buscan ampliar las herramientas jurídicas contra la criminalidad, en un contexto de creciente preocupación social por la inseguridad en el país. Fernández, quien coordina la estrategia gubernamental en la materia, insiste en la urgencia de agilizar su aprobación para frenar el aumento de hechos delictivos registrados en los últimos meses.
El paquete incluye reformas al Código Penal y a la Ley de Armas, además de propuestas para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. Aunque el contenido exacto de las iniciativas no fue detallado, fuentes cercanas al despacho de la vicepresidenta señalaron que se priorizarán medidas como el endurecimiento de penas para delitos violentos y el control sobre la tenencia ilícita de armas de fuego. La presentación formal ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea marca el inicio de un debate que se prevé intenso, dado el clima político actual.
Mientras tanto, en el Congreso ya se discute la primera tanda de proyectos presentados por Fernández, que incluye un proyecto para crear una Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida. Diputados de distintos bloques han mostrado posturas divididas: algunos respaldan las iniciativas por considerarlas necesarias, pero otros cuestionan su viabilidad técnica y el impacto presupuestario que podrían generar. El oficialismo, sin embargo, insiste en que el paquete es unavoidable para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
El anuncio de Fernández llega en un momento crítico, con índices de homicidios en ascenso y demandas ciudadanas por mayor presencia policial en zonas urbanas. La vicepresidenta ha evitado pronunciarse sobre plazos concretos para la aprobación de las leyes, limitándose a afirmar que trabajarán para que el proceso sea ágil y transparente.

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