
El Gobierno estudia una vía de regularización para diez mil migrantes que no fueron incluidos en el programa de refugio, mientras denuncian malos tratos en centros de detención.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
El Gobierno de Costa Rica está barajando una vía de regularización para aproximadamente diez mil migrantes que quedaron fuera del programa de refugio. La iniciativa, anunciada esta semana, busca ofrecer una alternativa legal a personas que, según las autoridades, se encuentran en situación irregular y sin acceso a los beneficios del refugio. La medida se plantea como respuesta a la presión internacional y a la creciente preocupación por la situación de los migrantes en el país.
Según fuentes oficiales, la propuesta permitiría a los migrantes presentar una solicitud de regularización que incluya antecedentes penales, documentación de identidad y pruebas de empleo o estudio. El proceso, aún en fase de estudio, contemplaría la posibilidad de otorgar permisos de residencia temporal mientras se evalúan los casos individualmente. La cifra de diez mil personas corresponde a un estimado de quienes fueron excluidos del programa de refugio al cerrarse la ventana de admisión el año pasado. Las autoridades indican que la regularización podría reducir la vulnerabilidad de estos grupos y facilitar su integración a la vida laboral y social costarricense.
Paralelamente, migrantes deportados desde Estados Unidos y recluidos en centros de detención en Costa Rica han denunciado malos tratos. Los testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos describen condiciones de hacinamiento, falta de acceso a asistencia médica adecuada y trato violento por parte del personal de seguridad. Estas denuncias coinciden con el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en los centros de acogida.
El análisis de la medida de regularización se desarrollará en los próximos días, y se espera que el Congreso examine el proyecto de ley que la respalde. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando la evolución de la política migratoria costarricense, a la espera de respuestas concretas que atiendan tanto la regularización de los diez mil excluidos como la garantía de derechos a los migrantes bajo custodia. Los ciudadanos pueden seguir de cerca los avances y expresar sus opiniones a través de los canales oficiales y de la sociedad civil.

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