
El Ejecutivo desmiente al jefe de la policía y confirma la persecución del exmandatario como prioridad nacional.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
El gobierno de Bolivia emitió un comunicado en el que rechaza la información difundida por el jefe de la policía, quien había afirmado que el Estado no perseguía al expresidente Evo Morales. En su mensaje, la autoridad máxima afirmó que la captura del exmandatario sigue siendo una prioridad inquebrantable para la administración, y que cualquier insinuación contraria carece de fundamento.
Según la declaración oficial, la seguridad pública y la justicia son los pilares que guían la decisión de buscar a Morales, quien reside en el exterior desde su salida del poder en 2019. La administración subrayó que la acusación de que el presidente del país haya desestimado la persecución es una falsificación que busca desorientar a la población y a los organismos internacionales. En respuesta, el jefe de la policía no ha precisado su nombre ni ha ofrecido aclaraciones adicionales, lo que ha generado incertidumbre entre los analistas políticos.
El discurso del Ejecutivo coincide con la creciente presión interna y externa para que Bolivia cierre el capítulo de los conflictos políticos que surgieron tras la polémica elección de 2019. Organizaciones de derechos humanos y partidos opositores han señalado que la persecución de Morales podría vulnerar garantías constitucionales, mientras que el gobierno asegura que su objetivo es garantizar la rendición de cuentas y la estabilidad institucional. Además, la administración ha sido acusada de usar la prioridad de captura como una herramienta para consolidar su autoridad, alegación que ha sido rechazada rotundamente por los voceros oficiales.
En el contexto regional, la situación de Evo Morales sigue siendo un punto de tensión entre Bolivia y Argentina, país que le brinda refugio. Las autoridades bolivianas han reiterado que cualquier intento de evadir la justicia será perseguido sin dilación, y que la política de captura no se limitará a la frontera, sino que se extenderá a los mecanismos judiciales internacionales. La comunidad internacional observa con cautela los desarrollos, mientras que la población boliviana espera claridad sobre los pasos que seguirá el gobierno para concretar su objetivo de llevar a Morales ante la justicia.

El gobierno asume la supervisión de la petrolera estatal para enfrentar la falta de combustible que afecta a todo el país.

El presidente designa a un nuevo ministro y a un viceministro de Economía, buscando mantener el plan anticrisis en medio de desafíos financieros.

El Gobierno retira la ayuda al diésel y eleva su tarifa, mientras la moneda se aprecia tras un préstamo del FMI.