
El gobierno asume la supervisión de la petrolera estatal para enfrentar la falta de combustible que afecta a todo el país.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
El presidente Luis Arce anunció este martes la intervención directa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) después de que la escasez de diésel paralizara el transporte en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. La medida, que coloca a la empresa bajo la supervisión del Ministerio de Hidrocarburos, responde a una serie de quiebras en la cadena de suministro que dejaron a estaciones de servicio sin combustible durante varios días. La decisión se tomó tras reuniones de emergencia con el gabinete y representantes de la industria, y se hizo pública en una rueda de prensa donde Arce subrayó la gravedad del problema.
Según fuentes del Ministerio, la escasez se originó por la combinación de una caída en las importaciones de crudo y problemas logísticos internos que redujeron la disponibilidad de diésel en los puertos de la costa del Pacífico. Los precios del combustible subieron un 30% en el mercado informal, mientras que los transportistas denunciaron largas colas y la imposibilidad de cumplir con sus rutas. En respuesta, el gobierno designó a un comité técnico para gestionar la compra de diésel en el mercado internacional y garantizar la distribución prioritaria a hospitales, escuelas y servicios esenciales. Además, se activó un plan de racionamiento que limita la venta a 30 litros por vehículo y establece horarios de abastecimiento en las principales ciudades.
La intervención incluye la sustitución de la alta gerencia de YPFB por administradores de confianza del Estado, con el objetivo de agilizar la toma de decisiones y evitar retrasos burocráticos. El nuevo equipo, encabezado por el exdirector de la empresa estatal de energía eléctrica, recibirá apoyo técnico de expertos en logística y negociará contratos de suministro con refinerías de Brasil y Argentina. En paralelo, Estados Unidos entregó a las Fuerzas Armadas bolivianas 12.500 raciones secas y 1.000 escudos, un gesto que, aunque no está directamente ligado al problema de combustible, refuerza la cooperación en seguridad y asistencia humanitaria.
Analistas políticos advierten que la medida podría generar tensiones con sectores opositores que acusan al gobierno de falta de planificación y de usar la crisis para consolidar poder sobre la industria energética. Sin embargo, los sindicatos de transportes y la población en general han recibido la acción con alivio, esperando que la normalización del suministro se refleje pronto en las calles. El gobierno señaló que la supervisión de YPFB permanecerá mientras persista la escasez, y que se evaluarán nuevas políticas para diversificar las fuentes de energía y reducir la dependencia de importaciones.
Los ciudadanos pueden seguir los avances de la medida a través de los canales oficiales y expresar sus opiniones en la plataforma de Chatcámara.

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