
El presidente Paz acusa a 'narcoterroristas' de impulsar disturbios mientras el gobierno aprueba leyes más duras para controlar las movilizaciones
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
El presidente Luis Arce —conocido como Luis Alberto Arce Catacora— denunció que grupos de 'narcoterroristas' estarían detrás de las protestas que sacuden Bolivia desde hace días. Según el mandatario, estos colectivos buscan desestabilizar el país mediante acciones violentas, una acusación que se suma a la tensión social reinante. La declaración se produce tras días de bloqueos que han paralizado carreteras clave y generado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varias regiones del territorio nacional.
Este lunes entró en vigor la ley de Estados de excepción, aprobada por el gobierno para dotar a las fuerzas del orden de mayores herramientas en la gestión de las movilizaciones. La normativa permite una represión más dura contra los disturbios, algo que ya ha generado roces con colectivos sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos. Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa —según fuentes judiciales citadas por Prensa Latina—, anunció una pesquisa sobre una operación de narcomadera incautada en Chile, un caso que vincula directamente a Bolivia con redes de tráfico de drogas que podrían estar financiando acciones violentas en el país.
Las calles de La Paz se convirtieron en escenario de choques entre manifestantes y policías tras la firma de la ley que regula las protestas. Grupos ciudadanos exigen el cese de los prolongados bloqueos que afectan la economía local, mientras el gobierno justifica las medidas como necesarias para garantizar el orden público y evitar la infiltración de grupos criminales. Los enfrentamientos dejaron imágenes de enfrentamientos cuerpo a cuerpo y el uso de gases lacrimógenos en zonas céntricas de la capital, donde cientos de personas se congregaron para reclamar soluciones a la crisis.
La nueva normativa, promovida por el oficialismo, establece mecanismos para disolver concentraciones no autorizadas y amplía las facultades de la policía en el control de disturbios. Sin embargo, críticos como analistas políticos y organizaciones sociales advierten que estas medidas podrían derivar en un uso excesivo de la fuerza y limitar derechos fundamentales. El gobierno, por su parte, insiste en que la ley busca proteger a la ciudadanía de la violencia que, según sus argumentos, ya ha causado daños materiales y pérdidas humanas.

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