Fiscales en Pucallpa denuncian secuestro tras detención policial

Dos fiscales de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali fueron detenidos este martes en Pucallpa por efectivos de la Policía Nacional del Perú, un hecho que ha generado un fuerte rechazo institucional y acusaciones de secuestro por parte de la propia Junta de Fiscales. La detención ocurrió sin previo aviso y sin la presencia de representantes del Ministerio Público, lo que ha encendido las alarmas en el sistema judicial local. Las autoridades judiciales exigen que los policías involucrados sean denunciados formalmente por este procedimiento, considerado irregular por la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali.

El Ministerio del Interior aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso, pero fuentes cercanas al Ministerio Público confirmaron que los fiscales detenidos fueron trasladados a dependencias policiales sin respetar los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. La Junta de Fiscales Superiores de Ucayali, a través de un comunicado público, rechazó contundentemente las detenciones y advirtió que tomarán las medidas legales necesarias contra los responsables. Según el comunicado, las detenciones se habrían producido sin orden judicial previa, lo que vulnera los derechos fundamentales de los fiscales involucrados.

Mientras tanto, en Pucallpa, la tensión se ha trasladado a las calles, donde ciudadanos y gremios judiciales exigen transparencia en el caso. El Colegio de Abogados de Ucayali convocó a una reunión de emergencia para analizar los hechos y evaluar posibles acciones en apoyo a los fiscales afectados. La Defensoría del Pueblo en Ucayali también se ha pronunciado, solicitando un informe detallado sobre las circunstancias de la detención y el paradero actual de los fiscales.

Este episodio se suma a una serie de roces recientes entre el Poder Judicial y la Policía Nacional en la región, donde las tensiones institucionales han escalado en los últimos meses. La Junta de Fiscales Superiores de Ucayali ha dejado claro que no permitirá que se repitan este tipo de actuaciones, que consideran un ataque a la autonomía del Ministerio Público.