Panamá frena megamina de cobre: protestas y veto ciudadano

Las calles del Casco Viejo de Panamá amanecieron con pancartas contra la megamina de cobre. Vecinos, indígenas ngäbe-buglé y organizaciones ambientales bloquearon la Avenida Central con carteles que decían 'No a la minería' y 'El agua vale más que el oro'. La movilización responde al anuncio del presidente José Mulino de reabrir el proyecto de la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, suspendido desde 2019 por irregularidades legales y daños a comunidades locales. La Contraloría ya había detectado sobrecostos y falta de transparencia en el contrato con Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, que ahora Mulino busca reactivar con un nuevo marco legal.

El rechazo trasciende lo ambiental. En la Plaza de Francia, el diputado independiente Gabriel Silva leyó un comunicado firmado por 15 diputados de distintos partidos —desde el opositor PRD hasta aliados de Mulino— exigiendo un plebiscito. 'No es un tema de derecha o izquierda, es de supervivencia', declaró Silva, citando informes de la Defensoría del Pueblo que advierten sobre la contaminación de ríos como el Botija y el desplazamiento forzado de comunidades. Mientras, en redes, el hashtag #PanamáSinMinería acumula miles de firmas en menos de 24 horas, impulsado por la Universidad de Panamá y colectivos como Alianza por la Conservación.

El Ministerio de Comercio e Industrias no ha respondido a las preguntas sobre plazos, pero fuentes cercanas al gobierno filtraron que el proyecto podría incluirse en una reforma minera pendiente en la Asamblea Nacional. Paralelamente, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) anunció una evaluación de impacto ambiental 'urgente', aunque ambientalistas cuestionan su imparcialidad tras años de connivencia con empresas extractivas. La tensión crece cuando se recuerda que en 2022, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley que permitió la mina, por vulnerar derechos indígenas.

La minería ya sacudió la economía local en el pasado. En 2017, Minera Panamá aportó el 1% del PIB, pero dejó pasivos ambientales que aún afectan a 400 familias en Donoso, según datos de la Cruz Roja. Ahora, con la inflación en el 2,5% y el dólar como moneda local, el debate se centra en si el país necesita el 0,3% de crecimiento proyectado por el gobierno a cambio de riesgos ecológicos irreversibles. 'No vendemos el futuro por migajas', resumió una lideresa ngäbe-buglé en la manifestación.