EE.UU. sanciona a 100 funcionarios nicaragüenses por muerte indígena

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes la prohibición de entrada a más de cien funcionarios nicaragüenses como respuesta a la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, ocurrida el pasado mes de enero. La decisión, comunicada por portavoces oficiales, incluye a altos cargos del gobierno de Managua y se enmarca en la presión internacional por los derechos humanos en el país centroamericano.

Las sanciones afectan directamente a miembros del Ejecutivo nicaragüense, entre ellos figuras cercanas al presidente Daniel Ortega. Según las fuentes consultadas, la medida busca enviar un mensaje claro sobre el respeto a las libertades fundamentales y la protección de las comunidades indígenas. Rivera, figura histórica del movimiento indígena en la Costa Caribe de Nicaragua, falleció en circunstancias aún no aclaradas por las autoridades locales.

La noticia llega en un momento de tensión diplomática entre ambos países. En paralelo, el gobierno de Nicaragua respondió con un comunicado oficial en el que felicitó a Vladímir Putin por el Día de Rusia y reafirmó su alianza estratégica con Moscú. "Celebramos la multipolaridad en el mundo", declaró un portavoz del Ministerio de Exteriores nicaragüense, subrayando el apoyo a un orden global alternativo al liderado por Washington.

Mientras tanto, en las calles de Managua, la población observa con recelo los movimientos internacionales. Vecinos del barrio Riguero comentaron que las sanciones podrían agravar la crisis económica, ya marcada por la inflación y la escasez de divisas. "Aquí ya no sabemos qué nos afecta más, si el clima o las decisiones de afuera", declaró una comerciante local.

La tormenta tropical Cristina, que amenaza con dejar hasta 12 pulgadas de lluvia en Centroamérica, añade presión a un país ya vulnerable. Autoridades del Sinapred (Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres) activaron protocolos de alerta temprana, aunque reconocen limitaciones logísticas para hacer frente a eventuales inundaciones en zonas rurales.

El caso de Brooklyn Rivera sigue sin resolverse, y su familia exige justicia. Organizaciones de derechos humanos como el Cenidh (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) han denunciado una campaña de criminalización contra los pueblos originarios. Mientras, en Washington, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, justificó las sanciones como un paso necesario para "defender los valores democráticos".