Un tribunal federal desestima la demanda del expresidente contra la política migratoria de Los Ángeles que protege a residentes sin papeles.
Un juez federal de Los Ángeles tumbó este martes la demanda interpuesta por Donald Trump contra la ley de ciudad santuario del Ayuntamiento local. La sentencia, dictada por el magistrado federal Dale S. Fischer, considera que la normativa municipal no viola la Constitución ni la legislación federal en materia migratoria. Fischer, titular del Tribunal del Distrito Central de California, argumentó que la política de Los Ángeles —que limita la colaboración con las autoridades federales de inmigración— no entra en conflicto con las competencias exclusivas del gobierno de Estados Unidos en este ámbito.
El fallo llega tras meses de tensión entre el Ayuntamiento angelino y la administración Trump, que intentó sin éxito revertir la normativa aprobada en 2017 bajo el mandato del entonces alcalde Eric Garcetti. La ley prohíbe a los agentes locales preguntar por el estatus migratorio de las personas durante detenciones rutinarias, salvo en casos graves. Garcetti, hoy embajador de Estados Unidos en India, defendió entonces la medida como un escudo para las comunidades indocumentadas de la ciudad.
La demanda de Trump, presentada en 2020, buscaba invalidar la ley bajo el argumento de que fomentaba la inmigración irregular. Sin embargo, Fischer zanjó el caso con un argumento contundente: "La Constitución no otorga al gobierno federal la facultad de obligar a las localidades a cooperar en la aplicación de leyes migratorias". El juez destacó que, de prosperar la tesis de Trump, cualquier ciudad o estado podría ser coaccionado para asumir funciones federales, algo que considera un precedente peligroso.
El fallo no solo consolida la ley santuario de Los Ángeles, sino que sienta un precedente para otras ciudades —como San Francisco o Nueva York— que aplican políticas similares. Activistas por los derechos migratorios celebraron la decisión, mientras que portavoces de la era Trump evitaron pronunciarse públicamente sobre el veredicto. La batalla legal, sin embargo, podría continuar si el expresidente recurre la sentencia ante un tribunal superior.
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