Chicago exige a contratistas revelar vínculos con ICE
La ciudad obliga a 42 empresas con contratos de 3.190 mil millones a declarar relaciones con el ICE.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
La administración municipal de Chicago aprobó una ordenanza que obliga a los contratistas a revelar cualquier vínculo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida afecta a 42 compañías que, en conjunto, gestionan contratos por un total de 3.190 millones de dólares con la ciudad. La normativa, firmada esta semana, exige la presentación de un informe detallado antes de que se renueve cualquier acuerdo de obra o suministro.
El requisito establece que cada empresa debe identificar si posee personal, socios o filiales que colaboren con el ICE, y describir la naturaleza de esas relaciones. La documentación será revisada por la Oficina de Contrataciones Públicas, que podrá suspender o rescindir los contratos si se detectan irregularidades. El plazo para la entrega de los informes se fijó a 60 días, con la posibilidad de prórrogas si la información necesita verificación adicional. Los funcionarios municipales señalaron que la medida busca garantizar la transparencia y evitar que recursos públicos financien actividades de control migratorio que generan controversia.
Esta iniciativa surge tras meses de presión de organizaciones de derechos humanos y grupos comunitarios que denunciaban la participación de empresas locales en operaciones de detención y deportación. En declaraciones públicas, la alcaldesa destacó que la ciudad no debe ser cómplice de políticas federales que consideran discriminatorias. Por su parte, representantes de la Cámara de Comercio advirtieron que la obligación podría complicar la cadena de suministro y retrasar proyectos de infraestructura, aunque reconocieron la necesidad de mayor claridad sobre los lazos empresariales.
Se anticipa que la ordenanza enfrente desafíos legales, ya que algunos contratistas podrían argumentar que la medida vulnera acuerdos contractuales previos. Sin embargo, la administración confía en que la normativa se mantendrá, alineándose con otras jurisdicciones que han adoptado políticas similares para limitar la colaboración con agencias de inmigración. La expectativa es que, al exigir la divulgación, Chicago fortalezca su postura en materia de derechos humanos mientras controla el uso de fondos municipales.
Los ciudadanos pueden consultar la lista completa de empresas afectadas y los formularios requeridos en la página oficial del Departamento de Contrataciones. La medida, que ya está en vigor, marca un paso significativo en la agenda de la ciudad para separar la gestión pública de las operaciones de control migratorio a nivel federal.
