Puerto Rico pierde tierra y agua: el capital extranjero avanza

Mientras comunidades costeras de Puerto Rico ven cómo el mar les arrebata tierra y el agua escasea, fondos de inversión extranjeros aceleran proyectos hoteleros y residenciales sin que los reguladores locales detengan su avance. Según un informe de UN News, en los últimos cinco años se han perdido más de 1.200 acres de terreno en zonas como Rincón, Cabo Rojo y Loíza, mientras que el 68% de los acuíferos del país registran niveles críticos de explotación. Los terrenos expropiados para estos proyectos suelen venderse a precios irrisorios a empresas vinculadas a fondos de capital riesgo con sede en Estados Unidos y Europa, que luego los revenden a desarrolladores turísticos con planes de construir resorts de lujo y complejos residenciales exclusivos.

La comunidad de Punta Borinquen, en Aguadilla, es uno de los casos más documentados. Vecinos denuncian que, desde 2021, empresas como *Blue Horizon Investments* han adquirido más de 300 acres en la zona bajo figuras legales opacas, amparadas en la Ley de Incentivos Industriales de Puerto Rico. «Nos avisan con retroexcavadoras al día siguiente de firmar el documento», explica María González, portavoz del colectivo *Salvemos la Costa*. «El gobierno local solo responde con multas simbólicas que las empresas pagan y siguen adelante». El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no ha respondido a solicitudes de declaración sobre estos casos.

El problema se extiende a las áreas de humedales y manglares, ecosistemas clave para mitigar el impacto del cambio climático. Un estudio de la Universidad de Puerto Rico, citado por UN News, señala que el 42% de los humedales de la isla han sido rellenados o alterados para dar paso a proyectos inmobiliarios en la última década. «Estamos ante una crisis silenciosa», advierte el biólogo Javier Morales, quien documentó la desaparición de 80 acres de manglar en La Parguera (Lajas) tras la compra de terrenos por parte de una empresa vinculada a intereses canadienses.

La presión sobre los recursos hídricos es igual de alarmante. El informe de UN News revela que, en el municipio de Dorado, el acuífero de Toa Baja —fuente de agua potable para más de 150.000 personas— se encuentra al 18% de su capacidad debido a la sobreexplotación por parte de hoteles y campos de golf. Mientras, el gobierno no ha actualizado el Plan de Ordenamiento Territorial desde 2015, lo que permite a las empresas operar en zonas prohibidas sin consecuencias claras. «Puerto Rico se está convirtiendo en un laboratorio de la desigualdad ambiental», concluye Morales.

Cuba y Venezuela han criticado esta dinámica desde sus medios, acusando a Puerto Rico de «hipocresía» al permitir que el capital extranjero degrade su territorio mientras denuncia la crisis climática. Sin embargo, las voces locales señalan que el problema trasciende ideologías: «Esto es un saqueo, y el gobierno mira para otro lado», resume González.