Roberto Sánchez exige al JNE anular votos del exterior por fraude
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Roberto Sánchez exige al JNE anular votos del exterior por fraude
El candidato presidencial denuncia afectación grave en las elecciones y rechaza reconocer un eventual triunfo de Keiko Fujimori.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
El candidato presidencial Roberto Sánchez pidió este domingo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que resuelva la «afectación grave» denunciada en el proceso electoral y anule los votos del exterior, donde asegura que se registraron irregularidades. Sánchez, consultado por Exitosa, insistió en que el proceso de segunda vuelta aún no concluye y advirtió que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori sin una revisión exhaustiva de los sufragios cuestionados.
El candidato de Perú Libre cuestionó públicamente los resultados y anunció que no acatará un triunfo de Fujimori si no se corrigen las presuntas anomalías en la votación exterior. «Corresponderá al JNE resolver la afectación grave que hemos denunciado», declaró en una entrevista radial. Su postura, difundida por medios locales, suma presión institucional en un clima de alta polarización política.
La denuncia de fraude se suma al rechazo de Sánchez a reconocer cualquier gobierno surgido de un proceso electoral que, en su opinión, no garantizó transparencia. «No reconoceremos un eventual gobierno de Keiko Fujimori si no se anulan los votos del exterior», advirtió en declaraciones recogidas por EL PAÍS. Sus afirmaciones escalan el conflicto postelectoral, en un escenario donde el JNE debe dirimir las impugnaciones presentadas.
Mientras, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) alertó sobre la necesidad de acelerar la minería formal y combatir la ilegalidad en el sector, un tema ajeno al debate electoral pero recurrente en la agenda de políticas públicas. El llamado del IIMP subraya desafíos estructurales del país, en paralelo a la crisis postelectoral que enfrenta el sistema político peruano.
El Jurado Nacional de Elecciones tiene en sus manos la última palabra sobre las denuncias presentadas, mientras la ciudadanía aguarda una resolución que podría definir el futuro político del país en las próximas semanas.
