Expertas de la ONU instan al gobierno a desclasificar archivos para avanzar en justicia por crímenes pasados. Mientras, el país enfrenta brote de sarampión y crisis sanitaria.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
El gobierno de Guatemala recibió este martes un llamado urgente de expertas independientes de Naciones Unidas para abrir los archivos militares relacionados con graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Según el comunicado de la Misión de Verificación de la ONU en Guatemala, estas expertas —que incluyen a la relatora especial sobre la promoción de la verdad, justicia y reparaciones, y a la experta sobre ejecuciones extrajudiciales— advierten que el acceso a estos documentos es clave para avanzar en casos pendientes de justicia transicional. La petición se enmarca en un contexto de tensiones persistentes, donde organizaciones de víctimas y derechos humanos llevan décadas exigiendo transparencia sobre el paradero de miles de desaparecidos en las décadas de 1980 y 1990.
Mientras el país debate este reclamo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) actualizó los datos del brote de sarampión que azota el territorio desde hace meses. Según el informe oficial publicado hoy, se han registrado 27.145 casos confirmados, una cifra que supera ampliamente los registros iniciales y que sitúa a Guatemala como el país con mayor incidencia de la enfermedad en Centroamérica. Las autoridades sanitarias atribuyen el aumento a la baja cobertura de vacunación en comunidades rurales y a la desinformación sobre los efectos de la inmunización. El MSPAS ha activado brigadas móviles en los departamentos más afectados, como Huehuetenango y Quiché, donde se concentran más del 40% de los contagios.
Este panorama de salud pública contrasta con los anuncios económicos del gobierno, que este lunes lanzó una licitación internacional para reactivar proyectos geotérmicos en el país. La convocatoria, publicada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), busca adjudicar contratos para la exploración y explotación de recursos en zonas como Zunil y Amatitlán, donde se estima un potencial de 800 megavatios. El objetivo declarado es reducir la dependencia de combustibles fósiles y cumplir con metas ambientales, aunque críticos señalan que estos proyectos han enfrentado históricamente resistencia de comunidades indígenas por impactos en sus territorios.
La combinación de crisis sanitaria, demandas de justicia histórica y desafíos energéticos refleja la complejidad de un país que, según el titular de la prensa local, vive un momento de “De Guatemala a Guatepeor”. Mientras la ONU insiste en que la apertura de archivos no es negociable, el gobierno deberá equilibrar estas presiones con la gestión de emergencias inmediatas y la reactivación de una economía golpeada por años de inestabilidad.
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