ONU investiga desapariciones forzadas en Guatemala

Un equipo de trabajo del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU llegó este martes a Guatemala para iniciar una visita oficial de diez días. El objetivo es evaluar la situación de las desapariciones forzadas en el país y analizar la implementación de las recomendaciones anteriores. Según la fuente oficial, entre las instituciones que recibirán al grupo se encuentran la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil. La misión, que se extenderá hasta el 18 de mayo, incluye reuniones en la Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla.

El grupo, compuesto por cinco expertos independientes, busca recopilar información de primera mano sobre casos no resueltos y evaluar las políticas públicas vigentes. Durante la presentación de la misión, la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, destacó que las desapariciones forzadas son un tema prioritario para el gobierno. Sin embargo, la visita también ocurre en un contexto de tensiones recientes, como el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre los cayos Zapotillos, que ha generado roces diplomáticos con Belice.

La llegada de la misión de la ONU coincide con denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la persistencia de casos de desaparición forzada en zonas rurales. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas ya había emitido en 2023 un informe donde señalaba la falta de avances significativos en la investigación de estos casos. Ahora, los expertos revisarán si las autoridades han implementado las recomendaciones anteriores, como la creación de un registro nacional de desaparecidos y la formación de fiscales especializados.

La sociedad civil guatemalteca ha acogido con cautela la visita, aunque algunos colectivos exigen que la misión no se limite a reuniones protocolarias. El Movimiento Nacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas ha solicitado al equipo de la ONU que visite comunidades afectadas y escuche directamente a los familiares de las víctimas. Mientras tanto, el gobierno de Guatemala ha asegurado que colaborará plenamente con la misión, aunque algunos sectores cuestionan la voluntad política real de resolver estos casos.