Grupo de trabajo de la ONU pide acceso a instalaciones militares para localizar restos de la guerra civil. Fiscal general acusa a exfiscal de formar gobierno paralelo.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
Un grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas concluyó su visita a Guatemala y exigió al gobierno abrir cuarteles militares y bases de inteligencia para buscar restos de víctimas de la guerra civil. Tras cinco días de reuniones con autoridades, familiares y organizaciones de derechos humanos, el equipo internacional advirtió que sin acceso a esos espacios «la verdad sigue enterrada». El informe preliminar, difundido hoy, señala que la falta de colaboración institucional impide avanzar en más de 5.000 casos pendientes desde 1960. «No estamos pidiendo favores, exigimos cumplimiento de obligaciones», declaró ayer la portavoz del grupo en una rueda de prensa transmitida por France 24.
La polémica escaló horas después cuando el fiscal general, Rafael Curruchiche, acusó al exfiscal Juan Francisco Sandoval de haber «formado un gobierno paralelo» durante su gestión al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). En declaraciones recogidas por El Sol de Yakima, Curruchiche aseguró que Sandoval «promovió estructuras paralelas para desestabilizar instituciones» y denunció «interferencias en investigaciones clave». Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2022, no ha respondido públicamente a las acusaciones, pero fuentes cercanas a su equipo señalaron que las declaraciones responden a una «campaña de persecución política».
Mientras, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) vive una crisis de gobernanza que agrava el clima institucional. El exrector Carlos Alvarado denunció que la entidad «está en situación caótica» por falta de acuerdos entre claustros y la intervención de sectores políticos. «La universidad funciona con parálisis decisoria y eso afecta a 200.000 estudiantes», afirmó en declaraciones a Prensa Latina. La polémica por la reelección del rector Murphy Paiz —impugnada por el presidente Alejandro Giammattei— suma presión sobre el conflicto. Giammattei pidió ayer a la Corte Suprema revisar el proceso electoral universitario, cuestionando la legitimidad de Paiz ante «irregularidades en el padrón».
Fuera del ámbito académico, la salida de Víctor Hugo Ventura del Ministerio de Energía y Minas abre nuevos interrogantes sobre los contratos de hidrocarburos PET-4 y PEG-6. Energía Estratégica reportó que Ventura dejó el cargo sin explicaciones públicas, generando especulaciones sobre posibles vínculos con irregularidades en las adjudicaciones. El ministerio no ha emitido comunicado oficial sobre su reemplazo ni sobre las condiciones de los contratos, cuya revisión había sido anunciada por el gobierno en 2023.
El escenario se completa con tensiones entre el Ejecutivo y el sistema de justicia, donde la ONU insiste en que Guatemala incumple estándares internacionales de derechos humanos. El grupo de trabajo advirtió que, de no abrirse los cuarteles, «la comunidad internacional evaluará nuevas medidas».
Un tiroteo en las inmediaciones de Ciudad de Guatemala deja al menos seis víctimas mortales y evidencia la presencia del clan Lorenzana.
Un ataque armado vinculado al narcotráfico dejó seis muertos y un herido en las afueras de la capital guatemalteca. Entre las víctimas está la conocida tiktoker 'La MiAmor'.
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