Guatemala busca a miles de desaparecidos: plan con 400 millones

El gobierno de Guatemala anunció este martes un fondo público de 400 millones de quetzales —unos 51,3 millones de dólares— para crear un mecanismo nacional de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno (1960-1996) y en contextos de migración forzada. La iniciativa, presentada por la ministra de Gobernación, Karen López, y el comisionado presidencial para los Derechos Humanos, Alfonso Núñez, busca articular instituciones como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil en un sistema de localización con equipos forenses y bases de datos unificadas.

El anuncio llega tras décadas de reclamos de familias que aún esperan respuestas sobre el paradero de más de 45.000 personas reportadas como desaparecidas en registros oficiales, según cifras del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. López detalló que el mecanismo incluirá líneas telefónicas gratuitas, brigadas móviles de atención psicosocial y alianzas con la Cruz Roja Internacional para rastrear casos en zonas remotas. "No es solo un tema de justicia, es de dignidad para las víctimas", declaró Núñez en una rueda de prensa en la Ciudad de Guatemala.

La medida coincide con la intensificación de lluvias en el país, que ya ha dejado más de dos mil familias damnificadas y cientos de emergencias, según datos del Sistema de Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres. Mientras, Tag Airlines anunció una nueva conexión aérea entre Guatemala y El Salvador, una ruta que podría facilitar el traslado de equipos y voluntarios hacia zonas afectadas por el conflicto histórico. La aerolínea confirmó vuelos semanales entre el aeropuerto La Aurora y el internacional de San Salvador a partir del próximo mes.

El plan se suma a esfuerzos internacionales como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2021 ordenó al Estado guatemalteco investigar desapariciones durante la guerra. Sin embargo, colectivos de derechos humanos advierten que la implementación requerirá coordinación entre instituciones con historiales de desconfianza mutua. "El dinero es necesario, pero también voluntad política sostenida", advirtió una portavoz de la Fundación Myrna Mack, organización que acompaña a familias de desaparecidos desde los años 90.