
Sala guatemalteca revierte medidas contra fiscales anticorrupción tras años de persecución judicial. Conflicto entre poderes alerta a sociedad civil.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
Una Sala de Apelaciones de Guatemala dejó sin efecto las órdenes de captura contra el exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y otros fiscales vinculados al organismo. La decisión, tomada el martes, revierte medidas judiciales que se mantenían desde 2019 y que habían sido impulsadas por el Ministerio Público bajo la gestión de la fiscal general Consuelo Porras. La Sala reconoció vicios procesales en los expedientes, según documentó Infobae en su edición del 20 de junio de 2025.
El fallo afecta también a fiscales como el excoordinador de la CICIG, Juan Francisco Sandoval, quien lideró investigaciones contra redes de corrupción en el gobierno anterior. Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021, mantuvo que las órdenes respondían a una "persecución política". La Sala determinó que no existían elementos suficientes para sostener los cargos de sedición y asociación ilícita contra los acusados, tal como recogió el medio en su cobertura.
La decisión judicial llega en un contexto de tensiones entre el Organismo Judicial y el Ministerio Público. En abril de 2025, la fiscal Porras había advertido sobre una "guerra institucional" tras la destitución de jueces que investigaban casos de corrupción. Voces como la del exmagistrado Sergio Morales advirtieron que el fallo "refuerza la impunidad" en un país donde el 90% de los casos de corrupción quedan sin resolver, según datos de la organización Acción Ciudadana citados por medios locales.
Organizaciones como la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) celebraron el fallo, pero alertaron sobre el riesgo de que "el sistema judicial siga siendo instrumentalizado". El caso de Velásquez, quien durante su gestión logró la captura de más de 600 personas por delitos de corrupción, incluyendo al expresidente Otto Pérez Molina, ahora enfrenta un giro inesperado. La Corte Suprema tendrá la última palabra si el Ministerio Público apela la resolución.

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