
El juez Calama indaga a José Luis Rodríguez Zapatero por joyas valoradas en 1,3 millones incautadas. Su defensa denuncia falta de acceso a pruebas.
El juez de la Audiencia Nacional José Calama ha abierto una investigación a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de contrabando y delito fiscal. Las diligencias surgen tras la incautación de joyas valoradas en 1,3 millones de euros en un registro realizado en el domicilio del ex presidente del Gobierno.
La defensa de Zapatero ha denunciado que no tiene acceso íntegro a los dispositivos incautados durante el registro. Según su abogado, esta situación genera "indefensión" al ex mandatario, ya que no puede revisar todas las pruebas que obran en el expediente. La Fiscalía investiga también el origen de las piezas y si estas fueron declaradas correctamente a Hacienda.
El peritaje de las joyas, encargado por la Fiscalía, analiza tanto su valoración económica como su posible vinculación con movimientos de capital no declarados. Fuentes judiciales citadas por eldiario.es señalan que el juez Calama estudia si las piezas podrían haber sido introducidas en España sin cumplir con los requisitos aduaneros. Zapatero, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas desde que trascendió la investigación.
El caso se suma a otras investigaciones abiertas contra figuras políticas en España por presuntos delitos fiscales. El juez Calama, especializado en delitos económicos y blanqueo de capitales, ya ha imputado a otros altos cargos en casos similares. La defensa de Zapatero ha solicitado acceso completo a las pruebas para preparar su estrategia legal en un proceso que aún se encuentra en fase de instrucción.

El magistrado revisa el origen y declaración de 1,3 millones en alhajas incautadas. La defensa denuncia falta de acceso a pruebas.

Dos decisiones judiciales paralizan hoy los intentos de excarcelación del exmagistrado y del exfiscal general. La UCO accede a cuentas de la pareja de Ayuso tras seis meses de espera.

El Alto Tribunal rechaza la petición de indulto para el ex fiscal general del Estado. El caso se remonta a su gestión durante el gobierno de Zapatero.