La vicepresidenta Calviño y el ministro Escrivá ultiman los números antes del verano para presentar los PGE en septiembre con margen de negociación
La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, trabajan contra reloj para cerrar los Presupuestos Generales del Estado antes de que termine agosto. La intención es presentar el proyecto en septiembre con los deberes hechos y así evitar retrasos en su tramitación parlamentaria. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que los equipos técnicos ultiman los últimos ajustes, especialmente en partidas como pensiones y fondos europeos, para garantizar que el documento cumpla con los requisitos de déficit y deuda pública marcados por Bruselas.
Los Presupuestos de 2025 se presentarán con un horizonte de estabilidad fiscal, pero también con margen para negociar con los grupos parlamentarios. El Gobierno busca evitar el bloqueo que sufrieron los PGE de 2023, cuando la falta de acuerdo con el PP retrasó su aprobación hasta noviembre. En esta ocasión, Moncloa apuesta por una estrategia de transparencia, publicando las principales cifras antes de la presentación formal para ganar apoyos en el Congreso.
Mientras, en el PP, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, mantiene una postura crítica con la ley de memoria democrática, presentando denuncias sin pruebas sobre supuestos pucherazos electorales. Feijóo ha insistido en que su partido recurrirá cualquier medida que considere contraria a la legalidad, aunque desde el Gobierno descartan que la ley vaya a ser modificada antes de su entrada en vigor. La tensión entre ambas formaciones se extiende también a otros frentes, como el señalamiento de dos periodistas por parte de Miguel Ángel Rodríguez, exasesor de Isabel Díaz Ayuso, que ha llevado a la pareja de la presidenta madrileña a declarar en el juzgado.
El juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ha imputado a la presidenta de la SEPI, María Jesús Montero, junto a otras 24 personas, por presuntos amaños en contratos públicos en el caso Leire Díez. La investigación sigue abierta y podría sumar nuevos nombres a la lista de investigados en las próximas semanas. Mientras, el juicio del caso Kitchen entra en su fase final, con la Fiscalía pidiendo penas de cárcel para los acusados y un pacto de no agresión entre ellos para evitar delaciones cruzadas.
En Andalucía, el presidente del PP, Juanma Moreno, se enfrenta a críticas internas por priorizar intereses autonómicos sobre la estrategia nacional del partido. Algunos barones, como Isabel Díaz Ayuso, han cuestionado su liderazgo en un momento clave, justo antes de la investidura de Moreno, que podría verse en riesgo si no logra sumar apoyos suficientes en el Parlamento andaluz.
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