La Marina de El Salvador logra su mayor decomiso de cocaína en aguas territoriales. El hallazgo refuerza el combate al narcotráfico en la región.
La Marina salvadoreña registró este martes el decomiso de más de seis toneladas de cocaína en aguas del Océano Pacífico, la incautación más grande en la historia reciente de la institución. Según Infobae, el cargamento fue hallado durante una operación de vigilancia en la zona marítima frente a la costa salvadoreña, donde las autoridades mantienen un despliegue permanente contra el tráfico de drogas. La droga, ocultada en contenedores y con un valor estimado en el mercado ilegal, fue trasladada a instalaciones portuarias para su disposición final bajo protocolos de seguridad.
El anuncio se produce en un contexto de creciente presión contra el narcotráfico en Centroamérica, especialmente en la ruta que conecta Sudamérica con México y Estados Unidos. Fuentes de la Marina confirmaron que el operativo se realizó con apoyo de inteligencia naval y que el material decomisado supera en volumen a cualquier otro registrado en los últimos años. Autoridades de la institución destacaron la coordinación con agencias internacionales, aunque no detallaron los nombres de las organizaciones criminales vinculadas al envío.
El Salvador ha intensificado sus acciones en el mar tras denuncias de que grupos delictivos utilizan rutas marítimas para mover estupefacientes ante el control terrestre reforzado por el régimen de excepción. Infobae señala que este decomiso se suma a otros operativos recientes, incluyendo la incautación de menores cantidades en puertos y aeropuertos, lo que refleja una estrategia más amplia de interdicción. La Fiscalía General de la República no ha emitido declaraciones oficiales sobre el caso, pero según Prensa Latina, los juicios masivos contra presuntos narcotraficantes continuarán sin cambios.
Mientras la seguridad marítima gana peso en la agenda de seguridad nacional, el gobierno salvadoreño mantiene su política de mano dura. La Corte Suprema avaló este lunes los juicios masivos contra detenidos por el régimen de excepción, rechazando una demanda que buscaba impugnar su legalidad. El fallo, difundido por Prensa Latina, consolida el marco jurídico bajo el cual las autoridades judiciales procesan a miles de personas en menos de dos años.

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