La organización humanitaria documenta niveles récord en las prisiones salvadoreñas. El Gobierno no ha respondido a la alerta.
Las cárceles de El Salvador operan a un 261% de su capacidad, según datos del organismo independiente de derechos humanos que este martes difundió la cifra. El informe señala que el hacinamiento supera en más del doble el límite máximo tolerable para cualquier sistema penitenciario, sin que las autoridades hayan ofrecido una respuesta pública inmediata. Fuentes consultadas por el medio confirman que la crisis se agrava en centros como el Penal de Izalco y el Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde la ratio de reclusos por espacio asignado alcanza niveles históricos.
El documento, elaborado con cifras oficiales y testimonios de internos, detalla que solo en el último año la población carcelaria creció un 15%, impulsada por las políticas de seguridad implementadas por el Ejecutivo. El hacinamiento, advierte la organización, viola estándares internacionales como los principios básicos de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, que exigen un mínimo de seis metros cuadrados por persona.
Mientras tanto, la Fiscalía anticipa juicios masivos contra pandilleros con condenas acumuladas que superan los miles de años en prisión. El anuncio, realizado por la institución, subraya la estrategia judicial del Gobierno para desarticular las estructuras criminales, aunque no aborda las condiciones carcelarias actuales ni los riesgos sanitarios derivados del hacinamiento extremo.
El Ministerio de Justicia y Seguridad no ha emitido declaraciones sobre el informe. Organizaciones locales exigen al Gobierno medidas urgentes para reducir la sobrepoblación y garantizar los derechos fundamentales de los privados de libertad, en un contexto donde el debate sobre seguridad se centra en la dureza penal más que en la reinserción social.
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