
Bukele alcanza 94 % de aprobación mientras El Salvador busca $561 M para la red eléctrica
Una encuesta sitúa a Nayib Bukele con 94 % de respaldo; el gobierno solicita US$561 millones para renovar la infraestructura eléctrica del país.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
Una encuesta reciente muestra que el presidente Nayib Bukele goza de una aprobación del 94 % entre la población salvadoreña, consolidando lo que los analistas describen como una hegemonía política sin precedentes. Los datos, publicados este lunes, reflejan un respaldo amplio que supera los niveles de confianza habituales en la región y posiciona al mandatario en una posición de fuerza para impulsar sus agendas.
En paralelo, el Ejecutivo ha anunciado la búsqueda de financiamiento externo para la renovación de la red eléctrica, cuyo costo estimado asciende a US$561 millones. La cifra corresponde a la inversión necesaria para modernizar la infraestructura y garantizar el suministro de energía a lo largo del territorio, según la información disponible. Este proyecto forma parte de una serie de iniciativas que pretenden reforzar la capacidad del país para atender la demanda creciente y mejorar la calidad del servicio.
La llegada a operación comercial de la planta solar El Icacal Green Power, con una capacidad de 9,9 MW, ilustra la apuesta por fuentes renovables dentro del plan de actualización. La planta, ubicada en la zona central, ya está contribuyendo al suministro eléctrico y representa un paso concreto hacia la diversificación de la matriz energética. Los responsables señalan que la energía solar será un componente clave para reducir la dependencia de fuentes tradicionales.
Con la aprobación masiva de Bukele y la disponibilidad de recursos financieros para la red eléctrica, el país se encuentra en una coyuntura que combina estabilidad política y ambiciones de desarrollo infraestructural. Observadores internacionales subrayan que la combinación de respaldo popular y proyectos de infraestructura podría traducirse en mejoras sustanciales para la población, siempre que se mantenga la transparencia en la ejecución de los fondos.
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