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Barrio 18: 563 investigados en El Salvador
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Barrio 18: 563 investigados en El Salvador

El gobierno salvadoreño profundiza acciones contra pandillas con nueva fase de pesquisas judiciales.

Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara

Las autoridades judiciales de El Salvador abrieron expedientes a 563 integrantes de la pandilla Barrio 18 tras una investigación coordinada por la Fiscalía General de la República. Los datos, difundidos por ANSA Latina, corresponden a un operativo que se extendió durante las últimas semanas en distintos municipios del país. Según las fuentes, las pesquisas incluyen pruebas documentales y testimonios que vinculan a los imputados con delitos de asociación ilícita y otros ilícitos penales bajo el marco de la Ley de Proscripción de Pandillas.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no ha emitido un comunicado oficial sobre los detalles específicos de los arrestos o los cargos concretos presentados. Sin embargo, la investigación refleja la continuidad de la política de mano dura aplicada por el gobierno desde 2019, cuando se declaró el régimen de excepción tras un repunte de homicidios atribuidos a estructuras criminales. En aquel momento, el presidente Nayib Bukele anunció una reducción drástica de la violencia, aunque organizaciones de derechos humanos han cuestionado los métodos empleados.

La acción se suma a otras medidas recientes, como la habilitación de una nueva fase de devolución para ahorrantes de COSAVI, que permitirá a los afectados recuperar hasta 100.000 dólares, según publicó Infobae. Mientras tanto, los operativos contra pandillas mantienen un ritmo constante: en menos de un mes, se han registrado intervenciones en zonas rurales y urbanas, con capturas que superan los miles de personas desde el inicio del régimen excepcional.

El contexto social sigue marcado por la polarización. Mientras el gobierno celebra los avances en seguridad, colectivos como Cristosal denuncian detenciones arbitrarias y condiciones carcelarias inhumanas. La tensión entre la eficiencia operativa y el respeto a los derechos fundamentales sigue siendo un debate abierto en la agenda nacional.