Ecuador declara estado de excepción en 10 provincias por crimen

El presidente de Ecuador firmó este miércoles un nuevo estado de excepción que afecta a diez provincias del país, incluyendo Guayas, Esmeraldas y Manabí. El decreto, publicado en el Registro Oficial, amplía las facultades de las fuerzas de seguridad para actuar contra el crimen organizado. Según el documento, la medida busca "garantizar la seguridad ciudadana" en zonas afectadas por la violencia, especialmente en áreas costeras y fronterizas. El anuncio se produce tras un aumento de homicidios y enfrentamientos entre bandas armadas.

La decisión presidencial llega días después de que el gobierno ecuatoriano reforzara su alianza con Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron que la cooperación incluye inteligencia compartida y apoyo logístico. "Estamos ante una amenaza transnacional que requiere respuestas coordinadas", declaró un funcionario bajo reserva de identidad. El presidente Daniel Noboa ya había decretado estados de excepción previos en diciembre de 2023 y enero de 2024, pero esta vez la medida abarca más territorios.

Mientras, el gobierno nacional recibió el apoyo de forenses argentinos para investigar la muerte de la activista polaca Małgorzata Bochenek. La cooperación internacional se activó tras el hallazgo del cuerpo de la mujer en una zona rural de la provincia de Loja. Según el informe preliminar de las autoridades ecuatorianas, se investigan vínculos con redes de tráfico ilegal de personas. El Ministerio Público ecuatoriano y la Fiscalía argentina trabajan conjuntamente en la recolección de pruebas.

El evento climático de El Niño, esperado desde diciembre, podría agravar la situación de seguridad. Las autoridades prevén lluvias intensas y deslizamientos en varias provincias, lo que dificulta el despliegue de fuerzas de seguridad. "La combinación de factores climáticos y criminalidad exige una respuesta integral", advirtió un vocero del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. El nuevo estado de excepción estará vigente por 60 días, prorrogables según la evolución de la crisis.