Washington endurece presión contra el conglomerado militar cubano y su red financiera con medidas que incluyen a familiares de altos cargos.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Cuba este martes, dirigidas específicamente a empresas vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado militar que controla gran parte de la economía cubana. Las medidas, publicadas por Infobae y Telemundo Miami (51), incluyen también a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro. Según CNN en Español, el canciller cubano Bruno Rodríguez calificó las acciones como una "agresión despiadada" en un comunicado oficial.
Las sanciones se suman a las anunciadas la semana pasada por el Departamento del Tesoro de EE.UU., que ahora amplía la presión sobre la red financiera que sostiene al régimen. Martí Noticias reseña que el congresista republicano Mario Díaz-Balart defendió un presupuesto con fondos millonarios para acciones contra Cuba, mientras que Marco Rubio, senador por Florida, anunció medidas adicionales contra empresas bajo control de GAESA. El objetivo declarado es debilitar la capacidad de financiamiento del gobierno cubano.
El diario EL PAÍS destaca que estas sanciones llegan pese a las recientes reformas económicas en Cuba, que incluyen la apertura a la inversión extranjera en sectores como el turismo y la biotecnología. Sin embargo, Washington mantiene su postura de que el régimen sigue vinculado a actividades que violan los derechos humanos. Las nuevas medidas prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con las entidades sancionadas, lo que afecta directamente a empresas controladas por el conglomerado militar.
El impacto inmediato se sentirá en sectores clave como el turismo, el comercio y las telecomunicaciones, donde GAESA tiene presencia dominante. Mientras el gobierno cubano denuncia una "guerra económica", analistas en Miami señalan que estas sanciones buscan cortar fuentes de ingresos al régimen y presionar por cambios políticos. La lista de entidades afectadas aún no ha sido publicada en su totalidad, pero fuentes cercanas al Departamento del Tesoro indican que incluirá empresas en sectores estratégicos.
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