Estados Unidos acusa a Cuba de décadas de espionaje y respaldo al terrorismo de izquierda. Meliá anuncia el fin de sus operaciones en la isla por presión estadounidense.
Por Elena Vidal · Actualidad y política · Redacción Chatcámara
La tensión entre Washington y La Habana escala con dos golpes casi simultáneos. Estados Unidos acusa a Cuba de respaldar una ola sin precedentes de terrorismo de izquierda en su territorio y de mantener décadas de espionaje y subversión. Mientras, la cadena hotelera española Meliá anuncia que finalizará por completo sus operaciones en la isla, presionada por el gobierno estadounidense.
Las acusaciones de Washington son directas y graves. La administración estadounidense sostiene que el régimen cubano ha apoyado redes de terrorismo izquierdista dentro de Estados Unidos, y que durante años ha llevado a cabo actividades de inteligencia y desestabilización. No hay detalles oficiales sobre pruebas concretas, pero el tono de la denuncia sugiere una escalada en la confrontación diplomática. La Habana niega sistemáticamente estas imputaciones y las califica de pretexto para justificar el embargo.
En paralelo, Meliá Hotels International, uno de los mayores operadores turísticos extranjeros en Cuba, confirma su salida definitiva del país. La decisión responde a la presión ejercida por Washington, que ha endurecido las restricciones a empresas que operan en la isla bajo la Ley Helms-Burton. La cadena mallorquina gestionaba una decena de hoteles en Cuba, muchos en joint ventures con el Estado cubano. Su marcha deja un vacío en el sector turístico, ya golpeado por la crisis económica y la pandemia.
En este contexto, sectores de la sociedad civil cubana reclaman un pacto político entre todos los actores que quieren estabilizar y reconstruir el país, siempre que no hayan participado en la represión. La propuesta gana fuerza mientras la salida de inversores extranjeros y las acusaciones de Washington agravan el aislamiento de la isla. Además, la Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCAC) denuncia que el servicio militar obligatorio vulnera sistemáticamente los derechos ciudadanos, en un país donde la milicia sigue siendo un pilar del Estado.
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