El municipio antioqueño reduce violencia con controles policiales y mayor decomiso de estupefacientes en 2026
Por Javier Prado · Sucesos, salud y vida social · Redacción Chatcámara
Rionegro alcanzó hace 60 días su último registro de homicidios, un hito que contrasta con el aumento del 625% en incautaciones de estupefacientes durante los primeros meses de 2026. Según datos oficiales, las capturas vinculadas a narcotráfico superaron las 120 en el mismo periodo, mientras las autoridades atribuyen la reducción de muertes violentas a operativos focalizados en sectores críticos de la zona metropolitana de Medellín.
La estrategia incluyó retenes nocturnos en corredores como la vía hacia Santa Elena y controles en el corregimiento de San Antonio de Prado, donde históricamente se habían registrado disputas entre grupos armados por el control de rutas de microtráfico. El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jorge Iván Zapata, confirmó que estas acciones priorizaron "la desarticulación de redes logísticas" sin especificar nombres de organizaciones, aunque fuentes locales vinculan los resultados a la presión sobre estructuras residuales del Clan del Golfo.
El balance de estupefacientes superó las 4.5 toneladas decomisadas, con un pico en febrero cuando decomisaron 1.8 toneladas en un solo operativo en una finca de El Retiro. El fiscal delegado ante el Tribunal de Medellín, Luis Fernando Villa, destacó que estos números reflejan "una fiscalía más ágil en el procesamiento de pruebas" tras la implementación de equipos de análisis forense en tiempo real. No obstante, líderes comunitarios como el concejal de Rionegro, Andrés Felipe Ruiz, advirtieron que "la reducción de homicidios no garantiza paz" mientras persistan economías ilegales en territorios rurales.
Mientras Cartagena registra un repunte en hurtos de motos y Cali enfrenta una ola de violencia por robos a policías, Rionegro apuesta por un modelo que combina inteligencia policial con participación ciudadana. El alcalde, Juan Carlos Ureña, anunció la creación de una mesa de seguridad con comerciantes de la plaza minorista para monitorear puntos críticos, aunque no detalló fechas ni recursos asignados.
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