Recompensa de 5.5 millones por la masacre de secuestrados en Remedios

El Gobierno nacional anunció una recompensa de 5,5 millones de dólares por la captura del cabecilla del Frente 4 de disidentes y de otro subversivo vinculado a la masacre de secuestrados en Remedios, Antioquia. La medida, difundida por El Tiempo, responde a la presión de la Fiscalía General y a la exigencia de la comunidad de víctimas, que lleva meses demandando justicia tras el hallazgo de los cuerpos en la zona rural del municipio.

Según la Fiscalía, la masacre se produjo en junio de 2022 cuando guerrilleros del Frente 4 del ELN secuestraron a 34 personas, entre ellas campesinos y líderes sociales. Después de varios meses de detención, los secuestrados fueron ejecutados y sus restos fueron descubiertos en una finca de la vereda La Palma. La investigación apuntó al líder del Frente 4, identificado como “Javier” en los documentos internos, y a un subversivo de menor rango que habría colaborado en la logística del operativo.

El anuncio de la recompensa se produce en un contexto de intensificación de la política de seguridad en Antioquia, donde las autoridades han incrementado la presencia de la Policía Nacional y el Ejército. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, subrayó que la oferta económica busca desarticular la estructura del Frente 4 y desincentivar la continuidad de actos similares. “Queremos que cualquier persona que tenga información sobre estos responsables se sienta segura al colaborar”, declaró Velásquez en una rueda de prensa en Medellín.

Organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Colombiana de Juristas, han recibido la medida con cautela, recordando la necesidad de garantizar procesos judiciales respetuosos de los derechos humanos. Mientras tanto, los familiares de las víctimas expresaron su alivio por la acción del Estado, aunque reiteraron que la verdadera justicia solo llegará con el juzgamiento y la condena de los responsables. La recompensa permanecerá vigente durante los próximos doce meses, y cualquier pista será canalizada a través de la línea directa de la Fiscalía o la Policía Nacional.